Montevideo, 31 de octubre. Un total de 90 detenidos durante la última dictadura en Uruguay presentaron hoy una denuncia por torturas, que se suma a otro reclamo de ex presas políticas por abusos sexuales y a una jornada de acusaciones masivas en comisarías, días después de que el Parlamento declaró imprescriptibles los delitos del régimen militar que gobernó entre 1973 y 1985.

El Instituto de Estudios Legales y Sociales de Uruguay (Iel- sur) presentó una denuncia contra unos cien militares que habrían participado en la denominada Operación Morgan, lanzada en 1975 contra los integrantes o simpatizantes del Partido y la Juventud Comunista y que se extendió hasta el final de la dictadura.

Se denuncia básicamente la tortura, los tratos inhumanos, crueles y degradantes a los que fueron sometidos durante todo el periodo de reclusión, explicó el abogado Jorge Pan, integrante de Ielsur.

La nueva denuncia se suma a otra presentada en diciembre de 2010 por 13 ex presos políticos, también por tortura, mientras el viernes pasado 28 mujeres acusaron a un centenar de militares –entre los cuales, por primera vez, hay mujeres– médicos y enfermeros, en la primera denuncia por abusos sexuales en centros de detención.

Además, el sábado tuvo lugar la segunda jornada de denuncias masivas sobre crímenes en la dictadura promovida por un grupo de acción ciudadana, y en sus dos instancias presentó cerca de 170 acusaciones en comisarías de todo Montevideo.

Las denuncias de hoy ocurrieron después de que el Parlamento aprobó el pasado jueves un proyecto de ley que declara que los delitos cometidos en la dictadura son crímenes de lesa humanidad y, por tanto, no prescriben.

Hasta ahora todos los condenados por delitos vinculados a la dictadura –poco más de 10, entre los cuales están los ex dictadores Gregorio Álvarez y el fallecido Juan María Bordaberry– lo han sido por homicidio especialmente agravado, el que, según juristas, prescribe el primero de noviembre para los crímenes de la dictadura; de allí la urgencia con la que fue tratado el proyecto en el Parlamento.

Por lo pronto, militares retirados planean apelar de la prescripción para pedir el archivo de los casos en los que aún no hay procesamiento, mientras preparan la presentación de acciones judiciales contra unos 30 ex miembros de grupos armados de la década de 1960 y 1970 que en su momento no fueron juzgados, indicaron fuentes del sector.

Pero el nuevo comandante en jefe del ejército, Pedro Aguerre, quien sustituyó en el cargo a Jorge Rosales tras su pase a retiro, se declaró dispuesto a colaborar con las investigaciones sobre la represión de la dictadura.

Durante la ceremonia de toma de posesión, a la que asistió el presidente José Mújica, Aguerre consideró que evidencias del pasado afectan moralmente a la fuerza y sus integrantes.

Destacó la necesidad de mirar para el futuro y que no sean las mujeres y los hombres, actuales integrantes de este ejército, rehenes de hechos lamentables ocurridos hace 30 años.