El decreto del presidente Felipe Calderón que adelanta el apagón analógico a 2015 es inconstitucional, por lo que debe quedar vigente el que fue promulgado en 2004, que considera que la transición a la televisión digital concluya en 2021, concluye el proyecto de dictamen elaborado por la ministra Olga Sánchez Cordero en la controversia constitucional que presentó el Congreso en contra del decreto presidencial, el cual será discutido por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el 7 de noviembre.

Trascendió que el proyecto de resolución también deja sin efecto la orden presidencial de crear una comisión intersecretarial para la transición digital terrestre –encabezada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes–, que sería la encargada de coordinar la labor del Ejecutivo federal para asegurar la transición al sistema digital en la televisión abierta.

De acuerdo con fuentes judiciales, el documento de la ministra –que en octubre de 2010 concedió la suspensión solicitada por los legisladores para que no entrara en vigor el decreto presidencial del 2 de septiembre de ese año, hasta que la Suprema Corte determinara si la acción presidencial fue constitucional– señala que el presidente Calderón invadió la esfera de competencia de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).

En razón de lo anterior, el dictamen anula también la disposición presidencial de concesionar la banda de 700 Mhz, y deja sin efecto la pretensión del Ejecutivo federal de asignar nuevas concesiones y permisos de radiodifusión digitales.

Esto, porque la Ley Federal de Telecomunicaciones define que es la Cofetel el único órgano facultado para regular la operación de la televisión en el país.

Además de la importancia que tiene el asunto sobre la rectoría de la Cofetel en materia de telecomunicaciones, los informantes señalaron que el proyecto de Sánchez Cordero aborda dos temas fundamentales sobre la relación entre el Ejecutivo federal y el Congreso.

El primer tema radica en que el proyecto frena la manera en que opera el Ejecutivo federal de gobernar por medio de decretos.

Como han señalado los legisladores en ésta y otras controversias que han presentado en contra de decretos del Ejecutivo en materia de energía y de exploración y explotación de hidrocarburos, Calderón ha legislado a espaldas del Congreso a través de decretos, asumiendo funciones que no le corresponden.

El segundo tema tiene que ver con que dichos decretos del Ejecutivo van más allá de lo que define la ley en la materia aprobada por el Congreso, los cuales han sido cuestionados por diputados y senadores en otras controversias en contra del Ejecutivo federal.

Sánchez Cordero plantea que al invalidarse el decreto de Calderón debe quedar vigente el que emitió Vicente Fox en 2004 –que prevé que la transición analógica concluya en 2021– y, en todo caso, si el gobierno federal pretende adelantar la transición a la televisión digital, la Cofetel debe emitir un nuevo acuerdo con pleno apego a la Constitución.

La controversia constitucional que presentaron los senadores y diputados hace poco más de un año superó en su momento sendos recursos de reclamación del propio presidente Calderón y de la Cofetel, que pretendían que la Corte no sólo anulara la suspensión decretada por la ministra, sino también desechara las demandas de los legisladores.

Por tratarse de una controversia constitucional, se requiere el voto de seis de los 11 ministros para anular el decreto presidencial.