La operación Rápido y furioso y la recién revelada Receptor abierto, para dejar caminar las armas desde Estados Unidos hacia los cárteles mexicanos del narcotráfico, tuvieron una misma matriz: la Oficina Federal para el Control de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés).

Sin embargo, luego de audiencias ante el Congreso de funcionarios del Departamento de Justicia y de la Secretaría de Seguridad Interior, de la elaboración de informes, la presentación de testimonios y revelaciones periodísticas, nadie en el gobierno de Estados Unidos se ha responsabilizado de la puesta en marcha de esos operativos.

Más allá de restructurar la ATF y de continuar con las comparecencias ante el Congreso –el próximo 8 de diciembre tendrá lugar la del secretario de Justicia, Eric Holder– nadie asume haber violado la soberanía de México al instrumentar esos operativos de filtración de armas sin el conocimiento de las autoridades. Receptor abierto tuvo lugar entre 2006 y 2007, y Rápido y furioso entre 2009 y principios de 2010.

De ese modo, cada día surgen más detalles acerca de que al menos en lo que va del sexenio de Felipe Calderón el gobierno estadunidense ha desplegado sistemas bastante extraños, y de resultados nefastos, para controlar el contrabando de armas de alto poder mediante, paradójicamente, tareas que lo facilitan.

En el caso de Rápido y furioso, apenas a finales de octubre –el entramado de la operación se conoció en marzo de este año– la secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, Janet Napolitano, declaró ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes que en esa acción obviamente hubo problemas. Obviamente no tuvo éxito; desde un punto de vista de aplicación de la ley es muy problemático.

Admitió que en al menos dos ocasiones agentes de la Oficina de Servicios Migratorios y Aduanales (ICE, por sus siglas en inglés) decomisaron armas y cuando sus datos fueron enviados a la ATF para rastrear su origen, la agencia pidió que no se hiciera nada porque eran parte de un operativo más amplio.

Sostuvo que nunca ha hablado sobre Rápido y furioso con el procurador general Eric Holder y que tuvo conocimiento del operativo a raíz de la muerte del agente de la Patrulla Fronteriza Brian Terry, el 14 de diciembre de 2010, en Río Rico, Arizona.

Precisamente, cuando en marzo Calderón Hinojosa lanzaba en Estados Unidos airados reclamos a su gobierno por el incontrolado contrabando de armas a México, Holder anunciaba el inicio de una investigación interna en la ATF tras el descubrimiento de la operación consistente en permitir el ingreso deliberado de centenares de armas a México. Las pesquisas quedaron a cargo del inspector general del Departamento de Justicia, Glenn Fine.

El presidente Barack Obama declaró de inmediato no saber nada ni haber autorizado el operativo Rápido y furioso. Pero ese mismo mes, la cadena estadunidense CBS recogió declaraciones del agente Darren Gil, jefe de la oficina de la ATF en México, quien dijo que el operativo fue aprobado por funcionarios de alto nivel del Departamento de Justicia.

Mientras, en México las autoridades enmudecieron. El Congreso exigió explicaciones, la procuradora Marisela Morales lo calificó de traición, aunque después matizó, y la canciller Patricia Espinosa y el secretario de Gobernación, Francisco Blake, siguen a la espera del resultado de las pesquisas.

Seis meses después de conocerse la existencia de Rápido y furioso, Calderón declaró: Fue un error garrafal.