La Secretaría de la Función Pública (SFP), por parte del gobierno federal, investiga el endeudamiento de Coahuila, indagatoria desde la cual determinará el origen y las autorizaciones de los créditos otorgados a esa entidad.

Estamos investigando, revisando, para ver cómo se realizaron las autorizaciones, y si se dieron (los créditos), qué registros tienen en la Secretaría de Hacienda, informó el titular de la SFP, Salvador Vega Casillas.

En breve entrevista previa a la inauguración de la 33 Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de Datos y Privacidad, confirmó que hay una investigación abierta del caso, aunque aclaró que la auditoría no es contra alguna persona en particular, porque la dependencia a su cargo sólo investiga hechos.

Por su parte, la Procuraduría Fiscal de la Federación presentó ayer dos nuevas denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR), para que se investigue la obtención ilícita de créditos por más de 2 mil millones de pesos para el gobierno de Coahuila durante el mandato de Humberto Moreira, actual dirigente nacional del PRI.

Representantes de esa dependencia presentaron las denuncias ante la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, de la PGR, aunque no se precisó contra quiénes están dirigidas las nuevas querellas, que se suman a tres interpuestas meses atrás, con lo que el monto total de los préstamos adquiridos en forma ilegal ascendería a 5 mil 300 millones de pesos.

Funcionarios de la PGR informaron que las querellas tienen como fin la investigación de la probable comisión de actos fraudulentos contra los bancos Santander y Del Bajío, ya que ambas instituciones crediticias reportaron a las autoridades hacendarias que habían otorgado créditos con documentos apócrifos.

Las nuevas denuncias se refieren a la obtención irregular de dos créditos otorgados al gobierno de Coahuila que suman 2 mil 200 millones pesos. Lo anterior, con la participación de servidores públicos, cuya probable responsabilidad se determinará en el curso de las investigaciones.

La PGR investiga desde hace al menos dos meses denuncias relacionadas con la obtención de créditos y recursos de manera irregular que incrementaron la deuda de Coahuila. Mientras, las autoridades estatales ya solicitaron órdenes de aprehensión en contra de seis presuntos responsables de estos hechos.

En días pasados las autoridades estatales procedieron penalmente contra Héctor Javier Villareal, ex tesorero y ex secretario ejecutivo del Sistema de Administración Tributaria de Coahuila, y Sergio Ricardo Fuentes Flores, administrador general de políticas públicas de ese mismo organismo, quienes, según las investigaciones de la Fiscalía General de la entidad, son dos de los responsables de la falsificación de documentos que permitieron la obtención de créditos.

A mediados de año, el senador panista Federico Döring, en aquel momento delegado del blanquiazul en Coahuila, denunció que Villarreal falsificó documentos para lograr que los bancos le otorgaran un crédito por 3 mil millones de pesos.

Por otro lado, Adrián González Hernández, juez segundo penal en Saltillo, dictó auto de formal prisión contra Fuentes Flores, quien junto con Villarreal Hernández enfrenta cargos por incurrir en fraude equiparado y uso de documentos falsos.

La fiscalía del estado dijo que otros cuatro ex funcionarios del Sistema de Administración Tributaria de Coahuila están implicados en los mismos delitos, pero no ha informado de su captura.

Este martes el juez llamó a declarar al director de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento, Fasto Destenave Kuri, debido a que uno de los créditos que se consiguieron con la documentación falsa fue para esa dependencia.

Destenave Kuri dijo que acudió al juzgado en calidad de testigo y que solicitó al actual gobernador, Jorge Juan Torres López, permiso para ausentarse del cargo en tanto se desarrolla el proceso judicial.