En el país es necesario modificar las leyes en materia laboral para proteger los derechos de los adolescentes que son empleados como empacadores (conocidos como cerillos) en tiendas de autoservicio, pues carecen de una relación laboral con las empresas, son obligados a pagar las mercancías que dañen y pueden ser separados de la tienda de autoservicio por quejas de los clientes, advirtió Alfonso Bouzas, catedrático del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En el contexto de la Semana de Líneas de Investigación, aseveró que al no tener un vínculo formal con las tiendas donde trabajan, los jóvenes no gozan de prestaciones ni seguridad social.

Aunque no existen cifras oficiales, se estima que tan sólo en el Distrito Federal unos 9 mil menores se dedican a esta labor, para la cual deben contar con una carta de autorización de sus padres, constancia de estudio con promedio mínimo de ocho y tener entre 12 y 17 años.

En su ponencia, titulada Promoción y protección de los derechos de la infancia, Bouzas señaló que si bien la legislación establece que los jóvenes no deben trabajar, en muchas ocasiones su familia depende de los ingresos que éstos obtienen, y que pueden llegar hasta 500 pesos en un día por concepto de propinas.

De acuerdo con Ética corporativa y prácticas indebidas en México: una aproximación del trabajo de los empacadores de Wal Mart, realizado por Ricardo Ramírez, Carmen Zambrano e Iván Zamora, la mayoría de los empacadores son hijos de madre soltera o sus padres tienen un empleo precario, por lo que aportan con su trabajo entre 30 y 70 por ciento del gasto familiar.