El titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Salvador Vega Casillas, admitió que el cobro de multas a funcionarios que cometieron daño patrimonial es un proceso largo y difícil.

Esta dependencia registra también demora en las auditorías a la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación. Han transcurrido prácticamente cinco meses desde el inicio de esta indagatoria y el proceso seguirá abierto, porque –argumenta el funcionario– fueron ampliadas las líneas de investigación.

Respecto de las multas pendientes por cobrar, en momentos en que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) empezó una campaña para captar pagos de más de 600 mil contribuyentes (relativos al impuesto sobre la renta), la SFP y el propio SAT enfrentan un nivel histórico de cuentas pendientes de cobrar a funcionarios públicos por más de 61 mil millones.

De ese total (contabilizado de 1991 a abril de este año), están en activo 32 mil 166 millones de pesos, es decir, con posibilidad de cobro, mientras 29 mil 265 millones aparecen en los registros del SAT como dados de baja; como pagados sólo aparecen 93.6 millones, es decir, menos de uno por ciento (.60 por ciento).

En dichas listas se encuentran ex funcionarios de las principales empresas paraestatales del país (Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad, entre otras), con adeudos millonarios, cuyos casos son procesados en el Poder Judicial Federal.

Vega Casillas aseveró que la dependencia a su cargo está ganando en tribunales la mayoría de los casos.

Auditorías a casinos, aún sin resultados

Acerca de las indagatorias a la dependencia reguladora de casinos, el titular de la SFP dijo en entrevista: seguimos en el proceso. En muchos de estos casos decidimos ampliar algunas otras líneas de investigación, y esto hace que las indagaciones se prolonguen y analicemos otros casos no contemplados originalmente.

El pasado 9 de junio empezaron las auditorías a la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos, donde varias veces han sido cambiados sus titulares. Algunos de ellos enfrentan o enfrentaron denuncias administrativas y/o penales.

Así ocurrió con Ezequiel González Matus y Fernando Chargoy por supuestas autorizaciones irregulares a casinos durante 2004; Manuel Fierro Evans, ex titular de la Unidad de Gobierno hasta 2007, y recientemente se inició una indagatoria contra Roberto Correa Méndez, encargado de dicha dirección de enero de 2007 a junio de 2009.

Además de la denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República, empezada por la Secretaría de Gobernación, previendo la probable comisión de delitos de ex servidores públicos al haber emitido criterios de excepción regulatoria, en uso indebido de atribuciones y facultades, también se levantaron denuncias administrativas ante la SFP por probable actuación administrativa irregular de los funcionarios que resulten.

La SFP empezó la auditoría el pasado 9 de junio, apenas 20 días antes de la renuncia de María Guadalupe López Mares, entonces titular de la dirección mencionada.

Vega Casillas rechazó que de hallarse responsabilidades por hechos ocurridos hace cinco años o más, queden impunes.