La extendida práctica de los contratos de protección en México, o sindicalismo fantasma, genera una red de corrupción que va desde las igualas que otorgan las empresas a los supuestos líderes sindicales, pasando por los seudoabogados que representan a los gremios y les realizan todos los trámites para obtener el registro, y las tomas de nota, señala un informe elaborado por el abogado laborista Carlos de Buen.

El informe señala que los sindicatos fantasmas generan un negocio a largo plazo, en el que reciben una iguala mensual de los patrones por fingir que representan a los trabajadores, y la cual comparten con los seudoabogados que eligieron, quienes, a cambio, deben mantener vigente el registro sindical que la autoridad le expidió, y los cuales, a su vez, quizá otorgarán una gratificación para agilizar los trámites y así evitar el tener que acreditar los requisitos legales que deben cumplir cada que se vence el registro o la toma de nota.

Según señala De Buen, la administración de estos contratos colectivos de protección es toda una red de corrupción.

Estas prácticas se asentaron en el país desde hace siete décadas; sin embargo, Acción Nacional pretende ignorar lo que antes cuestionaba, y la actual autoridad laboral otorga el registro a esos sindicatos fantasmas, señala en Los contratos colectivos de trabajo de protección patronal en México.

De Buen indicó que muchos despachos de empresas han hecho del manejo de los sindicatos de protección una importante fuente de ingresos, ya que reciben ganancias sin invertir: sólo tienen que registrar un sindicato, venderle la protección a las empresas y empiezan a cobrar las cuotas sindicales y la iguala que le den los patrones.

Para el empresario esto significará un costo que pagará sin reparos. Al final, el sistema le permitirá trasladar los costos a los trabajadores, quienes habrán perdido el derecho de negociar colectivamente sus condiciones de trabajo, concluye el abogado en su investigación publicada por la fundación Friedrich Ebert.