pocos días de las elecciones del próximo domingo nadie duda en Nicaragua que el presidente Daniel Ortega logrará la relección. Las diversas encuestas coinciden en proyectar a Ortega con un nivel de intención de voto que apunta a sobrepasar el 50 por ciento, mientras el candidato del segundo lugar, el empresario radial Fabio Gadea, intenta traspasar el umbral del 30 por ciento. Y aunque todavía persisten dudas sobre el peso del voto oculto y el grado de confianza que se puede otorgar a las encuestas cuando prevalece un intenso clima de intimidación estatal y clientelismo político, la principal interrogante hoy no gira en torno al resultado electoral, sino al grado de legitimidad que lograría una reelección bajo la sombra de un proceso que ha sido fraudulento desde sus orígenes.

Las elecciones del 6 de noviembre han estado precedidas de graves irregularidades, empezando por la candidatura de Ortega que está doblemente prohibida por el artículo 147 de la Constitución. Contrario a lo ocurrido en Guatemala, donde el Tribunal Supremo Electoral y la Corte de Constitucionalidad rechazaron por ilegal la pretensión de la primera dama Sandra Torres de aspirar a la presidencia, en Nicaragua La Corte Suprema y el Consejo Supremo Electoral, alineados bajo las órdenes de Ortega, se confabularon para reformar por las vías de hecho la Constitución para inscribir su candidatura.

El Consejo Supremo Electoral (CSE), cuyos magistrados tienen sus términos vencidos, fue denunciado de fraude en 44 de los 153 municipios –incluida la capital Managua– en las elecciones municipales de 2008, y sus estructuras están controladas desde la cúpula hasta las mesas de votación por el partido de gobierno. Adicionalmente, las organizaciones nacionales de observación electoral –Ipade, Etica y Transparencia y Hagamos Democracia, cuya acreditación ha sido negada arbitrariamente por el CSE– han documentado ampliamente la interferencia partidaria en el proceso de cedulación así como las flagrantes violaciones a la ley electoral que ha cometido el candidato oficial, sin que el fiscal electoral se haya inmutado. El último acto calculado para generar incertidumbre en la oposición es la amenaza de inhibir después de la elección, a 50 candidatos a diputados de la Alianza PLI, cuando ya han sido inscritos y registrados en la boleta electoral.

La oposición agrupada en la alianza PLI alega que participa en el proceso electoral bajo protesta, y que a pesar de estas anomalías no podía ausentarse porque Ortega habría llenado el vacío con sus aliados –léase el PLC de Arnoldo Alemán– y en el peor de los casos, se habría reeditado algo similar a lo ocurrido en Venezuela en 2005, cuando al retirarse la oposición, Chávez obtuvo el 100 por ciento del control del Congreso.

Pero lo cierto es que la oposición no logró movilizar a la población a protestar masivamente contra las reiteradas violaciones a la Constitución de parte de Ortega y no tuvo capacidad para revertir la crisis de legitimidad del Consejo Supremo Electoral. Desde finales de 2008, cuando el liderazgo opositor no pudo defender del voto durante el fraude electoral, perdió la iniciativa política, y depositó sus expectativas en un Parlamento cada vez más controlado por el oficialismo y en la presión internacional. Pero sin una presión popular efectiva en las calles que permitiera cambiar las reglas del juego electoral, Ortega logró sortear la presión externa con la ayuda económica de Chávez, y hasta se dio el lujo de permitir, a última hora, la presencia de las misiones de observación electoral de la OEA y la Unión Europea, para acompañar el viciado proceso electoral. Así llegamos a la trampa electoral del 6 de noviembre, en la que la participación opositora termina legitimando la candidatura inconstitucional de Ortega, sin lograr las garantías mínimas para una elección transparente.

La estrategia de Ortega, desde su fracaso con la reforma constitucional, ha sido imponer la relección por las vías de hecho, dotándola de una mínima legalidad, pero sobre todo apostando a legitimar su nuevo mandato con un apoyo electoral que trascienda su base política tradicional del 35-38 por ciento del electorado para constituirse en un gobierno de mayoría. En efecto, desde abril del 2010, Ortega ha venido incrementando los índices de aprobación a su gestión de gobierno de forma sistemática. La explicación reside, en parte, en la debilidad de la oposición y en su desconexión con la agenda social de las grandes mayorías pobres del país, pero el mérito principal recae sobre las políticas de asistencialistas de Ortega apuntaladas en el apoyo económico de la Venezuela de Chávez.

El modelo de Ortega, autobautizado como socialista, cristiano y solidario, en realidad es un animal diferente al de sus pares del Alba. Es autoritario en lo político; pro negocios privados, en lo económico; y populista, en lo social; cobijado bajo una retórica revolucionaria y a la vez religiosa, que alimenta el culto a la personalidad en torno a Ortega y a la primera dama Rosario Murillo. A diferencia de Chávez y su intervencionismo estatal, Ortega asegura la continuidad de las políticas económicas neoliberales con el aval del Fondo Monetario Internacional, y promueve una alianza con el gran capital, al mejor estilo de Somoza, quien decía a los empresarios: hagan plata, que de la política me encargo yo. Irónicamente, la dictadura de Somoza fue derrocada en 1979 por un movimiento nacional, liderado por el FSLN, al entrar en crisis por la represión y la falta de libertades democráticas.

Pero el factor clave que explica el crecimiento de la base política del orteguismo no es el manejo prudente de la macroeconomía sino el impacto político de la multimillonaria cooperación venezolana que ha sido privatizada y por lo tanto no está sometida a mecanismos de rendición de cuentas estatales. Se trata de unos 500 millones de dólares anuales (7 por ciento del PIB) –casi dos mil millones de dólares en el periodo– que se destinan de forma discrecional a negocios privados y campañas partidarias, pero también a financiar programas de asistencia social que se ejecutan bajo un patrón de clientelismo político como regalos del comandante. Son estos programas –Plan Techo, Hambre Cero, Usura Cero, Casas para el Pueblo, subsidio al transporte público, etcétera– los que han impactado políticamente en el electorado no sandinista, aunque no existen evaluaciones independientes de su incidencia social y menos aún de su sostenibilidad económica a mediano plazo.

En lo político, el de Ortega ha sido un gobierno de corte autoritario que ha desmantelado lo que quedaba del Estado de derecho, generando una concentración de todos los poderes del Estado, sometidos al modelo del Estado-partido-familia gobernante. Un modelo que sólo es viable sin oposición política y bajo la premisa de que no hay una sociedad civil beligerante. Por eso cuando se desató la protesta ciudadana en lucha por los espacios públicos desde 2007 hasta mediados del 2009, Ortega recurrió sin vacilar a la represión desatada por las fuerzas de choque de su partido, desnaturalizando la misión constitucional de la policía nacional de proteger la libertad de movilización.

Es imposible, por el momento, advertir los alcances del proyecto autoritario de un tercer gobierno de Ortega sin conocer aún el grado de legitimidad que lograría su relección y el peso que ejercerá la nueva oposición, en un escenario inédito con una considerable disminución de la influencia de Arnoldo Alemán. Sin embargo, se pueden identificar al menos tres factores estructurales que gravitarán de forma decisiva sobre el futuro.

Primero, de ganar Ortega la elección resucitará su proyecto de promover cambios constitucionales para modificar el sistema político, empezando por establecer la relección indefinida, y de paso institucionalizar el proyecto de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) dirigidos por su esposa Rosario Murillo. En la práctica, los CPC representan la línea de mando del partido de gobierno de arriba abajo, atropellando la autonomía municipal, o lo que es igual, la recentralización del poder del Estado en nombre de una proclama demagógica de democracia directa.

Segundo, la consolidación del régimen requiere el apoyo económico permanente del gobierno de Chávez. Sin ese apoyo incondicional, el orteguismo no es sostenible a mediano plazo y esa variable está sumergida ahora en la incertidumbre, no sólo por el estado de salud y la enfermedad de Chávez, sino por la tendencia al ascenso de la oposición venezolana que por primera vez concurrirá unida a las elecciones de octubre 2012, con una real posibilidad real de triunfo.

Tercero, es inevitable que se acentúe la cooptación del Ejército y la Policía Nacional, como un elemento consustancial del modelo político orteguista. Con la mimetización de Ortega con los instrumentos del poder coercitivo, se corre el riesgo de que el ejército y la policía dejen de ser instituciones nacionales para convertirse en instituciones presidenciales al servicio del caudillo y no de la ley. Este es el mayor peligro para el futuro democrático de Nicaragua, derivado de la relección ilegal e inconstitucional de Ortega, porque significaría retroceder la rueda de la historia al punto de partida de la dictadura dinástica de los Somoza.

En última instancia, eso es lo que está en juego antes y después del 6 de noviembre.

* Director de Confidencial, periódico digital de Nicaragua