Luis Moreno Ocampo, fiscal en jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), advirtió que en el mundo no existe un país que pueda manejar la violencia solo y en la estrategia contra el crimen debe prevalecer el respeto a la soberanía nacional y los derechos humanos, y el control y combate contra el crimen organizado.

Al dar a conocer los resultados del foro Legalidad democrática, ética, derechos humanos y seguridad, celebrado en la Cámara de Diputados, el juez Baltasar Garzón expuso que la respuesta al combate contra la delincuencia se centra en el tipo de persecución del crimen, desde el ámbito de la legalidad y el respeto a los derechos humanos.

Moreno Ocampo expuso que cuando un país investiga los casos y delitos que ahí ocurren, la CPI no debe intervenir, pero con el tiempo se ha armado una combinación donde los estados nacionales básicamente enfrentan los crímenes nacionales y la Corte Penal Internacional interviene cuando los estados-nación no lo pueden hacer, o los ayuda a controlar el crimen internacional; eso es lo que se está discutiendo y desarrollando.

Más tarde, al dictar una conferencia magistral ante jueces mexicanos en el Instituto de la Judicatura Federal, Moreno y Garzón coincidieron en que los delitos de lesa humanidad y otros graves, como narcotráfico, sí son de la jurisdicción de la CPI.

Moreno Ocampo se refirió al anuncio de que unos 20 mil mexicanos pretenden demandar ante ese tribunal al presidente Felipe Calderón por crímenes de guerra y lesa humanidad, por el elevado número de asesinados y desaparecidos a raíz de la confrontación entre el gobierno y grupos del narcotráfico.

Cualquiera tiene derecho a acusar. Sin embargo, para que la fiscalía a mi cargo pueda abrir un caso que pueda ser llevado a la CPI debe haber evidencia suficiente para demostrar que se cometieron delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra o genocidio contra la población civil de alguna nación sobre la que se tenga jurisdicción en este tribunal internacional, expuso el fiscal, quien obtuvo una orden de aprehensión contra el recién fallecido líder libio Muammar Kadafi.

Expuso que la fiscalía de la CPI es muy cuidadosa al aceptar una investigación de crímenes de guerra o lesa humanidad, para evitar que se utilice al tribunal con fines políticos. Refirió que una cosa es la responsabilidad penal personal de crímenes de lesa humanidad, como genocidio y terrorismo, y otra las actuaciones de golpeteo político.

Mi deber es no intervenir en un país si las instituciones de su gobierno actúan, si hay una intervención de los sistemas de justicia nacionales en forma genuina. Acreditar delitos de lesa humanidad no es fácil. Para que podamos intervenir debe haber evidencia clara y contundente de que la autoridad de un Estado haya cometido delitos contra la población civil. Los delitos de lesa humanidad son aquellos que tienen como fin atacar a la población civil, pero requieren, para su persecución y sanción, que quede demostrado que una autoridad ordenó directamente el ataque masivo o sistemático contra la población civil, y que para ello se haya conformado un grupo de mercenarios, explicó.

Durante 45 minutos, Moreno Ocampo, quien fungió como asesor central en la procuraduría general de Argentina y logró llevar a proceso a varios generales de ese país que participaron en la época de la represión militar, puso como ejemplo el caso de Muammar Kadafi, quien antes de ser asesinado enfrentó una orden internacional de aprehensión por crímenes de lesa humanidad.

“Kadafi era en 2008 y 2009 una de las personas más ricas y poderosas del mundo, y no obstante la CPI ordenó su captura. El mensaje que dejamos para todos los líderes de Estado o de gobierno es que ‘si usted tiene todo el poder y quiere conservarlo, no cometa crímenes de lesa humanidad’”, sentenció el fiscal de la CPI, la cual obtuvo jurisdicción internacional tras la ratificación del Estatuto de Roma en 2003.

Por su parte, el juez Garzón indicó que la lucha contra el crimen organizado debe darse desde el ámbito de la legalidad y los derechos humanos, con la consecuente confrontación a todo hecho ligado a la corrupción.