Monterrey NL, 3 de noviembre. El gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, estimó que las autoridades panistas de esta capital, que encabeza el alcalde Fernando Larrazabal, pueden hacer mucho más para impedir la apertura de nuevos casinos, por lo cual les exigió una postura más contundente y proactiva, como ocurre en San Pedro Garza García –donde gobierna el también panista Mauricio Fernández–, y ofreció al edil regiomontano el apoyo de abogados para una mejor defensa de los intereses de la ciudad.

Medina expresó lo anterior a una semana de que el casino Fortuna abrió sus puertas en Monterrey, al obtener el amparo de un juez de distrito de Saltillo, Coahuila, mientras los propietarios de otros siete negocios litigan por sus aperturas, pese a que luego de la tragedia en el casino Royale, ocurrida el pasado 25 de agosto, el Congreso local y el cabildo capitalino aprobaron modificaciones a la legislación estatal y municipal de desarrollo urbano para impedir nuevos centros de apuestas.

El gobernante dijo que si bien el estado no tiene injerencia directa en el tema de casinos, envió iniciativas a los congresos local y federal para restringirlos, y mientras esas propuestas se aprueban los dueños de estos negocios se valen de opciones legales.

Consideró que tras la tragedia en el Royale ya aprendimos la lección, sabemos que hay un desorden en este tema porque de repente no se sabe quiénes son los dueños o cómo están operando, quién les dio el permiso, y trabajan con suspensiones (...) está muy enredado y mientras tanto vamos a impedirlos porque, además, ya fallecieron 52 personas inocentes.

Pidió que el municipio fuera más contundente, más proactivo y que realmente los detuviera: tiene las herramientas para hacerle la vida más difícil a estas personas. Ofreció respaldo a la administración municipal, y le sugirió convocar a una reunión en la que veamos que se haga una ruta de acción, cuáles van a ser las defensas jurídicas.

En cuanto a los peritajes sobre protección civil y seguridad industrial en el Royale, Medina señaló que las procuradurías General de la República (PGR) y de la entidad trabajaron en principio de manera coordinada, pero luego el inmueble fue ocupado sólo por la dependencia federal, y ahora la autoridad estatal recibió los estudios y busca obtener datos adicionales, para dar a conocer en breve el dictamen que será avalado por la PGR.

Por otra parte, el alcalde Larrazabal fijó como plazo el próximo martes para que Miguel Ángel García regrese a la Secretaría de Desarrollo Humano municipal, de la cual se separó de manera voluntaria tras aparecer en un video con el hermano del edil, quien está sujeto a proceso por eventual chantaje al casino Red.

El próximo 8 de noviembre se cumplen dos meses de que García solicitó licencia temporal, luego de ampliar el plazo original de un mes para permitir el desarrollo de la investigación judicial que se realiza por cohecho y delincuencia organizada a Jonás Larrazabal.