La pensión alimentaria para adultos mayores de 68 años de edad, que por ley se otorga en la ciudad de México, es un programa que podría ser implementado por otros gobiernos de similares características en Latinoamérica, o incluso, servir de ejemplo para una práctica a escala nacional, señaló la representante de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Sandra Huenchuan.

En entrevista refirió que en los dos años recientes se ha recopilado información de 41 estados miembros de la Cepal sobre políticas públicas y envejecimiento. Una vez que hemos podido tener ese registro, que permite hacer un análisis general, se seleccionó a Argentina, Chile, Costa Rica y a la ciudad de México como casos de estudio de cómo se ha avanzado en la institucionalización de los asuntos de personas mayores.

Huenchuan, miembro del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Celade) División de Población de la Cepal, explicó que se decidió incluir el caso particular del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores del Distrito Federal (IAAM-DF) por la cobertura que tiene el programa. Hay países de la región que su población es equivalente al número de personas que cuentan en la ciudad de México con la tarjeta de la pensión alimentaria, que es de alrededor de 500 mil derechohabientes.

Amplió que en Chile y Argentina se dan directrices nacionales que se implementan a nivel local, mientras que en la ciudad de México tenemos la experiencia de una iniciativa que nace del Gobierno del Distrito Federal que podría ser implementada por otros gobiernos de similares características, o servir de ejemplo para una práctica a nivel nacional.

La representante de la Celade-División de Población señaló que los países seleccionados tienen experiencias diferentes en el ámbito de la institucionalización. Por ejemplo: Argentina ha desarrollado programas de participación social, cuidado, violencia y maltrato a los adultos mayores que son bastante innovadores en términos de la agenda nacional; Chile ha hecho un gran esfuerzo por la institucionalización de los asuntos de las personas mayores, y Costa Rica tiene una institución especializada de muchos años.

En los cuatro casos de estudio se trabaja en programas sociales que van más allá de la perspectiva de recursos económicos y que tienen que ver con el derecho de las personas mayores.

Expuso que en muchos casos la implementación de acciones dirigidas a este sector de la población no es un problema de recursos, sino de desconocimiento. Hay países en donde el Congreso ha aprobado recursos, pero no saben cómo operarlos. Por esos queremos ofrecer alternativas y mostrarles lo que se ha hecho en otros lugares y decir sí se puede.