San Cristóbal de las Casas, Chis., 5 de noviembre. Bajo un escenario de estrategia contrainsurgente, según expresó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), las comunidades autónomas en resistencia cuyas poblaciones lo constituyen civiles bases de apoyo del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, están en el foco de una posible confrontación y reactivación de hostilidades como las que guardamos en la memoria colectiva del México agraviado.

Esto, en una carta pública al presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, y al gobernador Juan Sabines Guerrero, la cual ha sido suscrita en pocos días por más de 350 organizaciones, colectivos, comunidades y pueblos de México y numerosos países, quienes comparten lo que significa la profundización del olvido en que la agenda oficial ha situado las demandas y denuncias de cientos de sujetos y procesos en Chiapas.

El Frayba apuntó este fin de semana que el documento advierte a los gobernantes sobre acciones y omisiones que nos obligan a señalar su responsabilidad en la sistemática violación a los derechos de los pueblos indígenas en la entidad. Demandó además que los gobernantes en turno ofrezcan respuestas claras a los pueblos y comunidades que día a día denuncian los embates de una guerra generalizada cuyas cifras tienen nombre propio y representan miles de historias de vida.

En dos años las hostilidades en Chiapas han ido en aumento; la actuación de grupos paramilitares, en complicidad con servidores públicos, han convertido el despojo de tierras recuperadas, propiedad de comunidades autónomas, en pago como botín de guerra.

Ante las constantes acciones gubernamentales en detrimento de los derechos de la población, el centro Frayba rechaza las tendencias observadas como política de sus gobiernos. Las más recurrentes: omisión a denuncias y solicitudes de intervención; permitir el rompimiento del tejido comunitario y social con la polarización de conflictos; generar condiciones de emergencia alimentaria y sanitaria en comunidades bajo asedio; administrar jurídica y políticamente violaciones flagrantes a derechos humanos de poblaciones indígenas”.

Quienes siguen las acciones de defensa y ejercicio de derechos protagonizadas por pueblos y comunidades originarias han observado la guerra que, desde 1994 y bajo el cobijo de los tres niveles de gobierno se implementa en Chiapas contra quienes han decidido poner en práctica los acuerdos de San Andrés, firmados y negados por el Estado mexicano desde 1996. No son pocos los compromisos incumplidos por los partidos políticos que han ocupado posiciones de gobierno, lo cual posterga soluciones pacíficas al conflicto armado interno no resuelto.

Observan la permanente implementación de estrategias contrainsurgentes, dejando una larga lista de detenciones arbitrarias, asesinatos, desapariciones, masacres, desplazamientos y despojo territorial. Ello resulta del nulo desarme de los grupos civiles armados que operan desde 1996. Estas acciones “se recomendaban en el ‘Plan de campaña Chiapas 94’, de la Secretaría de la Defensa Nacional”; resulta preocupante que sigan operando contra pueblos y comunidades.

Son múltiples las intervenciones solicitadas al gobierno estatal para detener acciones que atentan contra los derechos colectivos e individuales. La respuesta de todos los niveles de gobierno ha sido silencio y omisión, ahondando la impunidad y la injusticia.

Finalmente, la carta lamenta que el discurso oficial ha convertido a los derechos humanos en eslogan publicitario, favoreciendo la simulación; el manejo mediático ha costado cifras millonarias del erario pero el costo mayor son vidas y comunidades condenadas al olvido, la marginación y la injusticia.