yer, en el contexto de la presentación del libro de Manlio Fabio Beltrones El futuro hoy, tres ex candidatos presidenciales respaldaron, con diversos matices, la propuesta del autor de establecer un gobierno de coalición. Argumentando la necesidad de alentar la unidad nacional y superar las fracturas políticas, contar con un sistema de planeación, superar el presidencialismo o propiciar el desarrollo y el crecimiento económicos, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Francisco Labastida Ochoa y Diego Fernández de Cevallos encontraron pertinencia en la idea de Beltrones, ya expuesta a la opinión pública en un desplegado publicado el pasado 10 de octubre.

Ciertamente, es atendible la inquietud por las crecientes dificultades del gobierno federal para adoptar estrategias generales en los distintos ámbitos del quehacer nacional, dificultades que se explican, en parte, por la ausencia de mayorías legislativas absolutas; esta circunstancia, que se remonta a 1997, ha impedido con frecuencia a quienes ocupan el cargo presidencial obtener la aprobación de presupuestos de egresos y de ingresos, emprender reformas diversas o disponer del margen de legitimidad requerido para llevar a cabo programas gubernamentales de gran calado.

Sería simplista, sin embargo, suponer que basta establecer acuerdos transpartidistas de gobierno para superar los usuales estancamientos en la actividad del Ejecutivo federal, toda vez que en éstos inciden otros factores; por ejemplo, la conformación de verdaderos feudos en las instancias estatales, las divisiones en los partidos políticos, la ineptitud o la falta de disposición de los propios gobernantes para negociar con las oposiciones, las redes de corrupción y las inercias burocráticas enquistadas en el seno de la propia administración, los intereses fácticos y su capacidad de presión efectiva sobre legisladores y funcionarios y, no menos relevante, la impopularidad de muchas propuestas gubernamentales.

La idea de un gobierno de coalición podría contribuir a la superación del primero de los escollos mencionados –la falta de mayorías parlamentarias–, pero no necesariamente modificaría el resto de los factores que explican las dificultades del Ejecutivo federal en el tramo presente de la vida republicana.

La capacidad de las instituciones –particularmente las legislativas y ejecutivas– para arbitrar entre los diversos sectores se ha visto mellada por la conformación de una clase político-empresarial que se representa –y sobrerrepresenta– a sí misma. Ello ha llevado a un déficit de legitimidad y representatividad, y en tal escenario la iniciativa del gobierno de coalición podría llevar a un mayor blindaje de la clase política frente a las demandas del resto de la sociedad y a una mayor fractura entre las instituciones y los ciudadanos.

Desde otro punto de vista, la conformación de una coalición de gobierno basada en un acuerdo programático explícito podría desembocar, con grave perjuicio para el país, en la perpetuación del modelo económico vigente, impuesto por los gobiernos priístas y continuado por los panistas y, por consiguiente, en la cancelación práctica de cualquier posibilidad de un viraje en ámbitos tan necesitados de cambio real como la economía, la seguridad, las relaciones exteriores, la agricultura, la educación, la salud o la política laboral. Con semejante acuerdo programático podría conculcarse el derecho popular a definir, por la vía del sufragio, un nuevo paradigma de gobierno, y garantizarse la continuidad, en lo sustancial, de estrategias fallidas y contraproducentes que han llenado a Estados Unidos de migrantes mexicanos, y a México, de pobres, de desempleados, de marginados y de muertos.

Finalmente, no debiera escapar a la atención que un gobierno de coalición puede construirse en cualquier circunstancia y momento, a condición de que exista voluntad y habilidad de negociación en el Ejecutivo federal y en las bancadas dispuestas a participar en la fórmula.

En todo caso, debe ser con base en una correlación real de fuerzas parlamentarias –definida, a su vez, a partir de elecciones democráticas– que se establezca si se requiere, o no, de una coalición gobernante, y proceder, si fuera el caso, a su conformación negociada: no hay impedimiento legal ni político para ello. Pero urdir un pacto entre dos, tres o más partidos, y presentarlo al electorado con la certeza de un triunfo aplastante, no sólo reduciría el mecanismo electoral a un mero formulismo para sancionar decisiones cupulares adoptadas de antemano, sino representaría un riesgo inadmisible de inmovilismo o, peor, de gatopardismo, y el país no está para eso.