a discusión pública sobre la masacre de Acteal está de regreso. Dos hechos han ocasionado que el tema se debata nuevamente en algunos medios de comunicación. Uno es la divulgación del informe de la Fiscalía Especializada en Delitos cometidos en esa comunidad. Otro es la difusión de la demanda presentada en contra del ex presidente Ernesto Zedillo por la firma estadunidense Rafferty Kobert Tenenholtz Bounds & Hess, de Miami, en nombre de familiares de 10 de las víctimas, en un tribunal de Connecticut.

Curiosamente, el informe de la fiscalía se conoció por conducto de la página http:/acteal97.com, auspiciada por el despacho de abogados que lleva la demanda contra el ex presidente Ernesto Zedillo, su secretario particular Liébano Sáenz y el ex procurador Jorge Madrazo. De hecho, la demanda en Estados Unidos está basada en el informe. Hasta ahora, los intentos por conocer el contenido de ese trabajo realizados por víctimas y organismos de derechos humanos habían sido infructuosos.

El informe de la fiscalía es un documento bien estructurado. Sostiene que las autoridades federales y estatales antes mencionadas son responsables del homicidio en agravio de la población indígena de Acteal. La fiscalía advierte que podría tratarse de un caso de genocidio, si se verifica la hipótesis de la contrainsurgencia tolerada o inducida. En el documento, Héctor Aguilar Camín es identificado como el exponente de la justificación sistemática del ex presidente Zedillo.

La demanda presentada por Rafferty Kobert Tenenholtz Bounds & Hess es una demanda civil, no penal. Exige la compensación por delitos como crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, asesinatos extrajudiciales, intentos de asesinatos extrajudiciales, trato cruel e inhumano y privación de los derechos civiles, como el de asociación política. Según Rafferty Kobert, abogado del despacho, lo que estamos pidiendo obviamente es la restitución civil por los daños; no se le puede encarcelar; no se puede resucitar a los muertos, obviamente, pero algo para ayudar a esta gente.

La identidad de las víctimas no es pública. Sus nombres no se darán a conocer para no ponerlas en situación de riesgo, ya que son personas que siguen viviendo en México. Se trata de un procedimiento avalado por las cortes de Estados Unidos.

La organización Las Abejas, que agrupa a los familiares de las víctimas, se deslindó de los demandantes y los acusó de vender la sangre de sus muertos. Señaló que la justicia llegará cuando los autores intelectuales y materiales de la masacre estén encerrados, y no a través arreglos económicos de cualquier tipo.

No es la primera ocasión en que se presenta una demanda internacional por el caso Acteal. El 18 febrero de 2005, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y la organización de la sociedad civil Las Abejas presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una petición contra el Estado mexicano por el asesinato de 45 indígenas tzotziles, por considerar que las instancias internas se han agotado.

La petición a la CIDH se basó en la responsabilidad del Estado en dos sentidos: por acción en lo relativo a la organización, formación y apoyo a los grupos paramilitares, y por omisión, al no haber impedido la masacre cometida por paramilitares priístas En la petición se asienta: El Estado mexicano no solamente incumplió con su deber de prevención al no evitar la consumación de la masacre, sino que creó las condiciones para que este derecho fundamental fuera vulnerado. Se considera, además, que el Estado mexicano es responsable por la ausencia de esclarecimiento judicial de los hechos, y su falta de diligencia se ve reflejada en la ausencia de la debida recopilación de pruebas, como el levantamiento de cadáveres, autopsias, pruebas de balística y otras omisiones que tienen consecuencias irreparables desde el punto de vista del esclarecimiento de los hechos. Seis años después, en noviembre de 2010, la CIDH dio entrada a la demanda.

La demanda presentada en Connecticut causó gran desconfianza entre los organismos de derechos humanos y comentaristas que han seguido el asunto de Acteal desde que se produjo la masacre. Es vista como: a) una forma ilegítima de hacer dinero por un despacho de abogados, y/o b) como mecanismo de ajuste de cuentas políticas de Carlos Salinas de Gortari contra Ernesto Zedillo.

Las evidencias de que se trata de un pleito entre las élites tienen que ver con que la información se divulgó originalmente en medios de comunicación y por conducto de periodistas claramente identificados con los intereses salinistas. Liébano Sáenz, uno de los principales implicados, respondió en una columna titulada La guerra de lodo: En días recientes medios nacionales han dado mucha difusión a una demanda en EU contra el ex presidente Zedillo, no se sabe quién denuncia; los supuestos afectados públicamente se han desmarcado. Todos los elementos conducen hacia la hipótesis de una embestida para desprestigiar a un mexicano ejemplar. Un agrio sentimiento de revancha se suma a esta hipótesis.

La noticia de la demanda coincidió en el tiempo con la disputa por la conducción de la campaña electoral de Enrique Peña Nieto entre el equipo de Ernesto Zedillo y el de Luis Videgaray.

Con mucho, el rumbo que este pleito tome dependerá de lo que las víctimas y sus familiares, pertenecientes Las Abejas, hagan. Ellos son la fuente de legitimidad de cualquier diferendo. Distintos gobiernos han tratado de dividirlos o de corromperlos. La demanda que presentaron ante la CIDH camina. En su círculo cercano, hay muchas personas que creen que los asesinados son mártires.

Este 22 de diciembre se cumplirán 14 años de la masacre de Acteal. Los intentos por desvirtuar los hechos y eximir de su responsabilidad en la matanza a Ernesto Zedillo y otros funcionarios de su administración han sido vanos. Los muertos de Acteal están vivos en quienes no los han olvidado y exigen justicia.