no de los ejemplos que prueban la ilegalidad de la política exterior de Estados Unidos gira en torno a la rebatiña de la mafia cubanoestadunidense para quedarse con los fondos que la Agencia Internacional para el Desarrollo (USAID, por sus siglas en inglés) destina a la promoción de la democracia en Cuba. Objetivo que prohíben y castigan sus propias leyes nacionales.

En ínfima proporción, el dinero de la USAID llega a los ingenuos disidentes de isla. Casi todo se lo embolsan sellos con residencia legal en Miami y Washington DC: Fundación Nacional Cubano Americana (FNC), Centre for a free Cuba (CFC), Directorio Democrático Cubano (DDC), Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FHRC), etcétera.

A inicios 2004, el Programa Cuba, de la USAID, donó 26 millones de dólares a 28 organizaciones no gubernamentales (ONG) para favorecer una transición rápida y pacífica a la democracia en Cuba.

En junio, los fondos se incrementaron a 36 millones, y fueron canalizados a las universidades de Rutgers y de Miami, la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES) y el Consejo Empresarial Estados Unidos-Cuba.

Sin embargo, en diciembre 2006 los propios contadores de la USAID revelaron que la sección de intereses del gobierno yanqui en La Habana, a cargo de James Cason, había comprado sierras de motor, bicicletas de montaña, abrigos de piel, suéteres de cachemira, juegos electrónicos Nintendo, chocolates Godiva y latas de langosta para su supuesta entrega a la disidencia.

Cason fue despedido y el gobierno de W. Bush lo premió con una embajada en Paraguay. Y al jubilarse del Departamento de Estado (2009) se libró de los cargos criminales gracias a su amistad con Ileana Ros-Lehtinen, jefa de relaciones exteriores en la Cámara Baja del Congreso.

Luego Cason fue contratado por Frank Calzón como presidente del Congreso de Administración del Centre for a Free Cuba (CFC). Creado en 1997 con personal de Freedom House (FH, uno de los dinosaurios de los mecanismos de injerencia de la ultraderecha estadunidense), el CFC recibe financiamiento de la USAID y tiene su sede en Arlington (Virginia), junto a la CIA.

Amigo personal de Cason, Calzón inflaba los costos de libros que editaba, supuestamente para su distribución en Cuba. Por su lado, Cason se jactaba de haber distribuido un cuarto de millón de libros, mientras estuvo en su puesto en la capital cubana (2005-07).

En diciembre 2009, un brazo derecho de Calzón, Felipe Sixto, confesó ante un juez federal del distrito de Reggie Walton (Florida) que había desviado 600 mil dólares. Sixto se declaró culpable del ilícito y W. Bush le dio trabajo en la Oficina de Asuntos Intergubernamentales (julio 2005-2007).

Según el periodista canadiense Jean Guy Allard, el robo de Sixto representaba la cuarta parte del subsidio total otorgado en 2008 al CFC por el cubano estadunidense Adolfo Franco, ex director para América Latina de la USAID.

En marzo 2008, la FNCA exigió mayor transparencia en el uso de las subvenciones del gobierno, pues a su juicio otros sellos, como el Directorio Democrático Cubano (DDC), sólo gastaba 4 por ciento del dinero distribuido por la USAID en apoyo a su clientela de disidentes.

El sitio web del periodista Trace Eaton informa que de 2007 a 2009 los gastos del DDC incluyeron más de 913 mil dólares para viajes; 2 millones 279 mil para los sueldos y salarios (incluida la esposa del dueño); 331 mil para oficinas en Europa, América Central y América del Sur; 550 mil para los programas en el extranjero y el costo de las visitas y representaciones (República Dominicana, 200 mil 557; Argentina, 126 mil 412; México 56 mil 936 y Costa Rica 59 mil 988 dólares.

A los aventureros que se cortan las venas por la democracia en Cuba tampoco les va bien. En 2009, el gobierno cubano arrestó y sentenció a 15 años de cárcel al mercenario Alan P. Gross, quien había entregado a sus contactos en la isla equipos de comunicaciones satelitales de última generación. Gross trabajaba para Development Alternatives Inc., uno de los contratistas del gobierno de Estados Unidos más grande del mundo.

En abril 2010, la USAID organizó una conferencia con el fin de promover Internet y la tecnología inalámbrica para operaciones de desestabilización en Cuba. Y en octubre, el llamado Instituto de Estudios Cubano-Americanos de la Universidad de Miami (ICCAS), organismo integrado por sólo dos personas y dirigido por el ex analista de la CIA Jaime Suchlicki, entregó una placa conmemorativa al viejo asesino Orlando Bosch, jefe de la Coordinadora de Organizaciones Terroristas (CORU), creada en República Dominicana (1976) y responsable de cientos de atentados en Estados Unidos y en el exterior.

En junio pasado, FH declaró que renunciaba a un subsidio de 1.7 millones de dólares de la USAID porque “…esta entidad está haciendo preguntas peligrosas sobre cómo se gastan sus fondos para favorecer la democracia en Cuba”. Daniel Calingaert, subdirector de programas de FH, dijo que las peticiones de información “…no son sólo onerosas, sino que realmente aumentan los riesgos para lo que hacemos, especialmente en la era de Wikileaks”.