Washington, 8 de noviembre. El fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, advirtió hoy que el país está perdiendo la batalla para detener el flujo ilegal de armas a México. Aunque lamentó operaciones como la controvertida Rápido y furioso, subrayó que éstas no son la causa del problema, que requiere de una acción decisiva por parte de las autoridades estadunidenses.

Rápido y furioso es una operación inaceptable que nunca debía haber ocurrido y jamás debe volver a ocurrir, subrayó durante una audiencia ante el Comité Judicial del Senado.

“Como ustedes, quiero saber por qué y cómo armas de fuego que deberían haber estado bajo vigilancia pudieron acabar en manos de los cárteles de drogas mexicanos”, aseguró Holder.

Advirtió de que ése no es el principal problema que afrontan Estados Unidos y México.

“Rápido y furioso fue una respuesta errónea y no la causa del flujo de armas ilegales de Estados Unidos a México”, subrayó Holder, para quien, pese a la gravedad de los errores de la operación, éstos no deberían detener o distraer (a su país) de la misión crítica de desbaratar el peligroso flujo de armas de fuego a través de la frontera suroeste con México.

Más allá de identificar dónde ocurrieron los errores y asegurarnos de que nunca más serán cometidos, debemos tener cuidado y no perder de vista el problema crítico que esta defectuosa investigación ha destacado: que estamos perdiendo la batalla para detener el flujo de armas ilegales a México, recalcó el fiscal general.

Recordó que hace una semana el número dos de la fiscalía, Lanny Breuer, confirmó ante el mismo comité, en otra audiencia sobre el tema, que de las 94 mil armas recuperadas en México en cinco años recientes, en el contexto del combate a los cárteles y organizaciones criminales, 64 mil eran de procedencia estadunidense.

Según Holder, la urgencia de la situación implica que todos los actores políticos tienen la responsabilidad de actuar.

Para el máximo responsable de justicia de Estados Unidos, una de las medidas críticas para detener el flujo de armas sería que el Congreso trabaje junto al Departamento de Justicia para proporcionar a la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas (ATF, por sus siglas en inglés) los recursos y herrramientas legales que necesita para ser efectiva.

Reclamó al Congreso que responda a sus llamamientos para financiar los equipos de agentes dedicados a combatir el tráfico de armas, y lamentó que la Cámara de Reprsentantes haya rechazado este año una normativa que habría permitido identificar a aquellos que hagan compras múltiples de armas semiautomáticas en tiendas ubicadas en la frontera suroeste.

Proporcionar a los agentes de la ley las herramientas para detectar y desbaratar el tráfico ilegal de armas es totalmente consistente con los derechos constitucionales de los ciudadanos cumplidores de la ley y resulta crítico para afrontar la crisis de seguridad pública en la frontera suroeste, afirmó Holder.

La ATF y el Departamento de Justicia llevan meses muy cuestionados –y presionados– por el escándalo destapado a comienzos de año por el operativo Rápido y furioso, por el cual en 2009 se permitió que traficantes ingresaran de forma ilegal unas 2 mil armas de alto calibre a México desde Arizona, con el propósito de tratar de localizarlas en escenas de crímenes y así rastrear a los cárteles, aunque finalmente se perdió el rastro del armamento.

El hecho de que se hallaran algunas de esas armas en el lugar donde fue asesinado un agente fronterizo estadunidense el pasado diciembre, desató el escándalo y provocó una investigación en el Congreso, además de cambios en la cúpula de la ATF, mientras una indagatoria dirigida por senadores y congresistas republicanos trata de averiguar si hubo responsabilidades de otro nivel en el gobierno de Barack Obama.

El mes pasado se conoció que antes de Rápido y furioso la ATF realizó otra operación, Receptor abierto, entre 2006 y 2007, en el que también perdió la pista del armamento que fue usado en algunos casos por cárteles para cometer asesinatos.