Mandar a Ciudad Juárez al subsecretario de Gobernación, Felipe Zamora, para pedir perdón a los deudos de las mujeres asesinadas en el campo algodonero de esa localidad, fue una burla del gobierno federal, consideraron tanto el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) como la organización Litigio Estratégico en Derechos Humanos (Idheas) y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria.

A la crítica sobre la actitud gubernamental también se sumaron la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Rosario Ibarra de Piedra, para quien más que pedir perdón, lo que debieron hacer es llevar el avance en las investigaciones y el compromiso de castigo a los funcionarios responsables por omisión y obstrucción de la justicia.

También el senador Francisco Labastida dijo al respecto: el único perdón que vale en estos casos es encontrar a los culpables. Ese es el perdón de a de veras.

Como parte de la serie de reacciones, Fabián Sánchez Matus, quien encabeza el colectivo Idheas, consideró que “no se necesita un monumento memorial, como el que ordenó la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), para hacerle justicia a las mujeres víctimas de feminicidio”.

En el mismo tono opinaron Brisa Maya Solís, de Cencos, y Ana Luisa Nerio, del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria. La primera expuso que el caso del campo algodonero demuestra el incumplimiento del Estado mexicano con su obligación de garantizar seguridad jurídica y publica a la población y de proveer las condiciones para salvaguardar la equidad de género.

“Lo que está sucediendo en el país: los feminicidios, las muertes de periodistas, las llamadas bajas colaterales de la guerra contra el crimen, demuestra que las autoridades aún no quieren aceptar lo grave del problema. Es necesario para que entiendan las autoridades reparar el daño, y cuando decimos reparar el daño estamos hablando de conciliar a la sociedad”.

Por su parte, Ana Luisa Nerio refirió que haber mandado a un segundo de a bordo del secretario de Gobernación, Francisco Blake, a Ciudad Juárez, al homenaje a las víctimas del campo algodonero, demuestra el desdén de la autoridad, y es un acto de simulación para hacernos creer que ya dio cumplimiento a la CIDH.

Es una burla, una falta de interés al dolor de las víctimas, añadió por su parte Sánchez Matus. Refirió que la sentencia de la corte internacional ordena al Estado mexicano hacer un acto de responsabilidad en la que se reconozca en público su error y falta de aplicación de la justicia.

En entrevista en el Senado, Ibarra de Piedra, también presidenta del Comité Eureka, resaltó que lo grosero del acto que realizó el pasado lunes la Secretaría de Gobernación en la ciudad fronteriza para pedir perdón por los asesinatos de mujeres es que ni siquiera investigan. Debieron haber llevado una respuesta a la demanda de justicia de los familiares de las víctimas... hay responsabilidad del Estado por omisiones, y por violentar el acceso a la justicia y protección.

El acto en Juárez, dijo, debió ir acompañado del compromiso de castigo a los responsables de los asesinatos de mujeres, porque si no, es hipocresía y palabrería hueca.