Mientras el PAN en la Cámara de Diputados respaldaba los denuestos y ataques proferidos por la Arquidiócesis de México –a través de su semanario Desde la fe– contra el Poder Legislativo, PRI, PRD y PVEM exigieron al gobierno de Felipe Calderón Hinojosa que inicie un proceso de investigación contra la publicación por el discurso denigrante contra una de las instituciones eje del Estado mexicano.

El panista Gerardo de los Cobos alentó, la denigración de los diputados, como lo pretendía el semanario católico:

Hay puntos rescatables y voy a mencionar algunos, porque también creo que hay que centrar la discusión en su verdadero contexto. Yo no creo que estemos ante la presencia de un ataque al Estado laico, la separación Iglesia-Estado sigue siendo la separación Iglesia-Estado, o Iglesias-Estado, como dice la ley. No hay en este texto, si bien es cierto estar o no de acuerdo, un rompimiento de este principio.

El cantinfleo y la impostura del panista provocaron el enojo de sus pares en el pleno, porque justificó el contenido del texto que calificó a la Cámara de Diputados como vergüenza nacional. Está bien, algún problema tendrán, alguna gran contradicción en sus vidas, de las enseñanzas de sus padres. Eso es respetable en su forma de pensar, pero intolerantes, intolerantes lo son y lo demuestran, reiteraba.

Decía yo, lo que es un ataque al Estado, al Estado laico, al Estado no laico, como lo quieran llamar, es que precisamente no haya los resultados necesarios de las instituciones en favor de los mexicanos. A lo mejor sí, un comunicado inexacto, con generalidades, pero que no es la postura oficial de la Iglesia católica, arguyó De los Cobos.

Para Laura Arismendi, del Movimiento Ciudadano, el editorial aparecido en el semanario católico Desde la fe –de fecha 30 de octubre– da cuenta de una nueva violación al Estado laico, impulsada por la jerarquía católica que se siente con el derecho de cuestionar al poder civil, con el objetivo de ejercer presión sobre éste y ganar espacios de decisión en los terrenos político y económico. Cuestionar el Estado laico es una forma de increpar libertades y derechos individuales y colectivos que se han ido consolidando a lo largo de 200 años de vida independiente.

También Alberto Cinta, del PVEM, se sumó al reclamo contra el semanario y exigió a la Secretaría de Gobernación “que haga lo que por ley está mandatada a hacer: actuar en consecuencia con uno de los –como ya se mencionó anteriormente– atentados, con una de las críticas más fuertes que se han hecho desde la Iglesia a las instituciones de la República desde el siglo XIX”.

Para la perredista Enoé Uranga, la falta de autoridad y debilidad, incluso el vacío de poder del Estado laico de este México resulta inaceptable. “Escondida en la hipocresía moral de la Iglesia católica e iglesias secuaces está abierta una presión y desafío a los poderes electos en urnas y, en consecuencia, a las instituciones que el país se ha dado.

Pero no es a la Iglesia a quien hay que exigir cuentas. Es al gobierno de Felipe Calderón, que guarda un vergonzoso silencio y que ha exhibido un carnaval ridículo de declaraciones por demás reprobables y poco republicanas.