Con la revocación de la concesión al ramal de la ruta 1 estadio Azteca-caseta México Cuernavaca suman 200 las autorizaciones canceladas en esta administración, una cifra inédita, se ufanó el secretario de Transportes y Vialidad (Setravi), Armando Quintero Martínez.

Respecto de los lesionados que dejó el microbusazo del sábado pasado en Viaducto Tlalpan, el funcionario dijo que serán revisados y se les darán medicamentos gratuitos, y al igual que los familiares de las personas fallecidas, que ya suman ocho, podrán incorporarse a los programas de becas educativas o de capacitación para el trabajo.

Al término de una reunión privada que sostuvo con familiares de algunos de los muertos y heridos; con el secretario de Desarrollo Social, Jesús Valdés, y representantes de las secretarías de Salud y Trabajo, señaló que los lesionados que no puedan acudir ante una instancia gubernamental serán visitados en sus domicilios, con el fin de valorarlos y canalizarlos con especialistas, en caso de requerirse.

Los afectados y sus familiares serán integrados a los programas Niños Talento, en caso de cursar la primaria o secundaria, y Prepa sí, si están en bachillerato, pues tenemos casos donde murió el sostén de la familia y la instrucción es apoyarlos para que continúen sus estudios, precisó.

Ante la petición de algunas familias, se acordó darles apoyo alimentario además de conformar una brigada permanente de sicológos y trabajadores sociales que los asistan emocionalmente, y agendar nuevas reuniones para conocer sus necesidades, por lo que vamos a ubicar a las personas que nos faltan para que declaren, se integren a la averiguación previa y sean indemnizados conforme lo determine un juez del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, dijo.

Por la mañana, en una reunión con el procurador Miguel Ángel Mancera; el subprocurador Genaro Vázquez y el fiscal desconcentrado de Tlalpan, Víctor Manuel Espinosa, se dio a conocer que la averiguación se levantó con siete muertos y 19 lesionados, aunque sólo siete han declarado. Los 11 restantes tendrán que hacerlo ante la fiscalía desconcentrada en Tlalpan, para que, junto con sus evaluaciones médicas, se incorporen al expediente.

Se acordó que podrán fungir como coadyuvantes del proceso, para lo cual el subprocurador Genaro Vázquez y las subprocuradoras Martha Laura Almaraz y Sulma Campos estarán en contacto directo con ellos, comentó.

En tanto, ayer se elevó a ocho la cifra de víctimas fatales, con el fallecimiento de María Guadalupe Gayosso Carmona.

Quintero agregó que se reforzarán los operativos de revisión de los 25 microbuses, que en su mayoría se encuentran en mal estado. Por lo pronto, ayer el Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal remitió al corralón 24 unidades en Tlalpan, Xochimilco, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Tláhuac.

Los familiares pidieron al procurador Mancera verificar las causas del accidente, ya que hay testigos que están vivos y pueden decir que iba a alta velocidad, porque iba echando carreras con otra unidad, declararon Lucía Pérez Vaquera, quien perdió a una hermana y una sobrina; Silvia Cruz, quien junto con su hija de dos años, Osiris, resultó lesionada, y Pedro Flores, quien perdió a su padre en el percance y se convirtió, a sus 18 años, en el jefe de una familia de seis integrantes.

Por otra parte, el juez 31 de paz dictó auto de formal prisión en contra de Isaías Martínez Torres, chofer de la unidad 0011697, por los delitos de homicidio culposo, lesiones y daños en propiedad ajena, por lo que fue ingresado en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur.

Las garantías fijadas para que pueda enfrentar el proceso en libertad podrían superar el millón de pesos, pues se determinó el pago de 100 mil pesos por cada muerto y 35 a 40 mil pesos por cada lesionado, que hasta el momento suman 18. Sin embargo, Martínez Torres no ha solicitado este recurso.

El dueño del microbús no se ha presentado a declarar ante el Ministerio Público.

(Con información de Tania Sánchez)