l presidente Calderón invitó a cenar a Los Pinos a los miembros de la jerarquía católica que están reunidos para celebrar la asamblea general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, cuyo tema central es un diagnóstico de la situación de la educación en México. Aunque no se planteó en esos términos, es previsible una nueva embestida de la Iglesia contra el artículo tercero, el cual nunca ha aceptado, pues no sólo establece el laicismo obligatorio en la educación, sino que efectivamente restringe su acción en ese terreno. Esta limitación ataca el corazón de la misión evangelizadora de la Iglesia, de ahí que sea un tema recurrente entre las autoridades eclesiásticas y el gobierno; y también materia de negociación entre las fuerzas políticas. Por ejemplo, después de la tortuosa elección presidencial de 1988, Carlos Salinas se comprometió con el entonces líder del PAN, Carlos Castillo Peraza, a reformar algunas leyes, entre ellas el artículo tercero, a cambio de lo cual Acción Nacional otorgaría un reconocimiento por gestión a los resultados oficiales de los comicios, que le habían dado el triunfo a Carlos Salinas. Se modificaron el artículo 5º, el 27, el 130, pero el artículo tercero se mantuvo intacto, quizá fue un homenaje de Salinas a su propia biografía, dado que se formó en escuelas públicas.

Hasta ahora, y pese a la transformación de las relaciones Estado-Iglesia que se inició en 1991 con la reforma constitucional que otorgó personalidad jurídica a las iglesias, ni los obispos ni el PAN –que desde que nació levantó la causa contra el laicismo obligatorio– se han atrevido a plantear directamente la reforma del artículo tercero. Es posible que no lo hayan hecho porque reconocen que es un tema divisivo e inflamable que es mejor dejar por la paz. De todas formas la Iglesia desempeña muchas tareas educativas: es propietaria de escuelas y universidades, tiene canales de televisión y estaciones de radio; varios religiosos son editorialistas en periódicos de prestigio, algunos obispos aparecen con frecuencia en las revistas de celebridades y estrellas de cine, y no hay duda de que los prelados son parte de la elite política, desde donde forman opinión.

Los argumentos que esgrimen los obispos para discutir el tema de la educación se refieren a los derechos humanos. Cautelosos, evitan mencionar al SNTE y a su lideresa, que de hecho ha sido su aliada, por ejemplo, la Iglesia estuvo detrás de la Guía de padres que Elba Ester Gordillo promovió en el gobierno de Vicente Fox, otro su aliado. Los religiosos también utilizan un argumento que pretende acogerse al principio mayoritario de la democracia, aunque se cae de débil, de viejo y de falaz: Representamos 85 por ciento de la población, que según el censo de 2010 se declara católica, sostuvo Víctor René Rodríguez Gómez, secretario general de la CEM (La Jornada, 09/11/2011). Perdone usted, los religiosos, obispos y sacerdotes, en todo caso representan a Cristo, a la Iglesia, pero de ninguna manera a los ciudadanos que no los eligieron de nada y para nada. Además, no hay ninguna evidencia de que todos los que se declaran católicos, muchos de ellos porque fueron bautizados al nacer sin que nadie les preguntara su opinión al respecto, rechacen el laicismo obligatorio. Si ese 85 por ciento del que habla el señor Rodríguez Gómez tuviera la consistencia que le atribuye, entonces Acción Nacional habría establecido una hegemonía que haría palidecer de envidia al PRI.

Según Alfonso Cortés Contreras, obispo de Cuernavaca, la educación religiosa es un derecho humano de los padres. Y ¿dónde queda el derecho de los niños a educarse sin prejuicios y fuera del alcance de las flaquezas de religiosos que carecen de moralidad y abusan de ellos? En esa línea de argumentación el obispo morelense tendría que aceptar que es un derecho humano de las mujeres decidir cuántos hijos quieren tener y cuándo. Muchos son los temas que podemos catalogar como derecho humano, que son de la sola responsabilidad del individuo; por consiguiente, no hay razón para que el Estado intervenga en el ejercicio de ese derecho.

Mal momento escoge la Iglesia mexicana para ofrecer su palabra y su compromiso para mejorar la educación en nuestro país. Sus silencios sobre los escándalos de abuso sexual no bastan para hacernos olvidar el tema. Está obligada a reconocer estos crímenes –que no son simplemente pecados– en que incurrieron religiosos en nuestro país, pero también en Irlanda, en Estados Unidos, en Bélgica, entre otros, contra menores de edad que les habían sido confiados, precisamente para su educación. Las revelaciones de los últimos años sobre este tema tan penoso han erosionado la autoridad moral de la Iglesia. Hoy ¿quién manda a sus hijos a una escuela religiosa con la certeza de que va a recibir una educación con valores apropiados para enfrentar el mundo del siglo XXI?

Hace unos días el gobierno irlandés anunció el cierre de su embajada en el Vaticano. Por razones económicas, dijo. Sin embargo, las relaciones entre uno de los países más sólidamente católicos y el papado registraban agudas tensiones desde hacía meses, producto de serias diferencias a propósito de los numerosos casos de abuso sexual que han sido denunciados en Irlanda, muchos ocurridos hace medio siglo. Según el gobierno irlandés, la Iglesia obstruía las investigaciones; según el Vaticano, esta acusación es injusta. Sea como sea, la Iglesia atraviesa hoy un momento de crisis, uno de cuyos síntomas es su incapacidad para responder a las exigencias morales de los creyentes. En estas condiciones de debilidad, ¿de veras queremos que contribuya a la educación de nuestros niños?