l fiasco de Cannes. Si se atiende a la documentación oficial de la cumbre del G-20 en Cannes, realizada el 3 y 4 de noviembre, quizá la más detallada que haya surgido de este tipo de reunión, no parecería exagerado concluir que se contó con propuestas suficientes para integrar una respuesta coordinada y potencialmente efectiva ante el agudo deterioro de la situación y perspectiva de la economía y las finanzas globales.

De entrada, se partió de un diagnóstico expresado en términos parcos, pero correcto, que se trasladó al segundo párrafo del comunicado final: Desde nuestra más reciente reunión [noviembre de 2010, en Seúl], la recuperación global se ha debilitado, en especial en los países avanzados, y el desempleo se mantiene a niveles inaceptables. Sobre este trasfondo, las tensiones en los mercados financieros han ido al alza, debido a los riesgos soberanos en Europa, y se han manifestado claros indicios de desaceleración del crecimiento en los mercados emergentes. La volatilidad de precios de los productos básicos ha puesto en peligro el crecimiento. Persisten los de-sequilibrios globales.

Como informó la prensa, que en los días previos a la cumbre tuvo acceso a los borradores del comunicado y la declaración finales, casi todas las cuestiones importantes y controvertidas quedaron formuladas entre corchetes, en espera de una decisión política surgida de las discusiones de los líderes. Éstas, empero, fueron secuestradas por la tragedia griega –la inmanejable acumulación de asuntos no resueltos en las reuniones previas de los líderes de la eurozona– trasladada a Cannes y que acaparó los debates. A fin de cuentas, las decisiones que debían adoptarse sobre medidas de alcance global de reactivación económica, estímulo al empleo y reordenamiento financiero, fueron diferidas una vez más. Es posible que, cuando por fin se aborden, en Los Cabos en junio próximo, o en reuniones extraordinarias más inmediatas, la situación haya empeorado y la indecisión y la demora hayan elevado los costos económicos y políticos. Por lo pronto, es claro que la cumbre no satisfizo las expectativas más modestas, la presidencia francesa –en la que Sarkozy había hecho una enorme inversión política– tuvo un final melancólico y se configuró así el fiasco de Cannes.

Los analistas europeos han discutido la conveniencia de haber involucrado al G-20 en los embrollos de la eurozona. Es claro que éstos, con el riesgo de inviabilidad del euro y daño quizá irreparable a la Unión Europea, suponen una amenaza adicional de gran dimensión para la angustiosa perspectiva de la economía y las finanzas globales. Los problemas del euro y de la deuda europea son temas globales. Sin embargo, es debatible que la comunidad internacional deba acudir al rescate de un bloque integrado que no sólo es la economía mayor del planeta y cuyos miembros tienen rangos de ingreso y bienestar muy superiores a la media mundial, sino que cuenta con recursos para resolver los problemas que lo aquejan.

Dejar pendientes elementos cruciales para la efectividad de la estrategia europea –como los compromisos para la ampliación del Fondo de Estabilización o los tiempos y formas en que se instrumentará la decisión de ofrecer a Grecia una quita de la mitad de su deuda bancaria– fue leído como un claro intento de los líderes de las principales economías del euro de conseguir que otros –algunas economías emergentes y los organismos financieros multilaterales– aceptaran compartir los costos de la reparación, sobre la base de que el retorno de la prosperidad europea beneficiaría a todo el mundo (y, como subproducto, los europeos podrían no comprometer recursos adicionales). Naturalmente, la jugada no resultó. Ninguna economía emergente dinámica se mostró dispuesta a hacer aportes que los europeos eludían y se difirió la decisión de ampliar de nuevo los recursos de que el FMI dispone para responder con mayor amplitud y oportunidad a las emergencias financieras y de balanza de pagos derivadas de la crisis. No hubo voluntarios dispuestos a sacar las castañas del fuego por la eurozona.

Para aumentar la bolsa de recursos disponible para, de ser necesario, apoyar a las instituciones financieras europeas, en especial los bancos franceses y alemanes, ante el riesgo de que no pueda evitarse el default desordenado en uno o más países o de que se eleve demasiado el costo de los arreglos de deuda, Sarkozy y Merkel incorporaron al debate la propuesta de establecer un impuesto a las transacciones financieras, al que se alude en el informe de Bill Gates sobre financiamiento del desarrollo, presentado a la cumbre y recibido con beneplácito por los líderes. No hace mucho se habló de este impuesto como una forma de resarcir a las tesorerías nacionales e indirectamente a los contribuyentes de los costos incurridos en las operaciones de rescate de los bancos. Se respondía así, de manera indirecta, al creciente clamor político, escuchado en diversos países y con repercusiones cada vez más extendidas, del 99 por ciento contra los intolerables privilegios que se confieren al uno por ciento, para decirlo en los términos que utiliza el movimiento Ocupa Wall Street y que tienen eco en los indignados del resto del mundo.

Esta idea se filtró hasta el comunicado final, en cuyo párrafo 28 se señala que se reconocen las iniciativas de algunos gobiernos del G-20 para gravar al sector financiero con diversos propósitos, incluyendo un impuesto a las transacciones financieras en apoyo del desarrollo. Es claro que de aquí no se sigue la aprobación inmediata del gravamen por un número significativo de países, pero al menos se mantiene en consideración el planteamiento.

Otros dos pronunciamientos pueden leerse como intentos de respuesta parcial a algunas de las justificadas censuras de la sociedad civil. Los líderes señalan: “... nos aseguraremos de que ninguna empresa financiera sea ‘demasiado grande para quebrar’ y de que los contribuyentes no carguen con los costos del rescate”. Queda pendiente la definición del procedimiento para hacer efectivas estas seguridades. Además, ya en plan de hacer promesas, indican: No permitiremos el regreso a los comportamientos previos a la crisis por parte del sector financiero y vigilaremos el cumplimiento de nuestros compromisos respecto de los bancos, las operaciones de mercado abierto y las prácticas de compensación [de los fucionarios bancarios]. A la luz de la experiencia, es difícil tener confianza de que estos compromisos resultarán en acciones concretas.