n una carta dirigida a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, el profesor Ciro Murayama retiró su nombre de la lista de 17 ciudadanos entre los cuales deberían elegirse los tres consejeros faltantes del IFE. Murayama es el primero en tomar esa decisión, dado que los plazos se han cumplido sin que los legisladores tengan para cuándo ponerse de acuerdo, no obstante el daño que el retraso causa a la institución y al buen nombre del Poder Legislativo, cuya prioridad –digo, es un decir– es el respeto a las disposiciones constitucionales, lo cual no ha ocurrido.

Al respecto, como bien recuerda el ahora declinante, la designación de los consejeros electorales recae, por mandato constitucional, en la H. Cámara de Diputados, órgano de representación popular que expresa de mejor manera la pluralidad política de la nación. El de consejero electoral no es un cargo público más: implica poner toda la capacidad y el conocimiento personal y profesional al servicio del Estado democrático, actuando con independencia, autonomía y estricto apego a las normas. Entendí que los diputados convocaban a asumir esa responsabilidad, y por ello participé en el proceso. Sin embargo, el tiempo pasó sin que los grupos parlamentarios se pusieran de acuerdo en los nombres (aunque debatieron los números del reparto), añadiendo a la demora el desaseo en las formas que empaña más el proceso de selección. “A más de un año de que vencieran los plazos fijados por la convocatoria para hacer el nombramiento de consejeros y a un mes de que iniciara oficialmente el proceso electoral federal 2011-2012 –denuncia con dignidad Murayama–, ningún órgano de la Cámara de Diputados se ha dirigido en momento alguno a los ciudadanos que atendimos la convocatoria para explicar el porqué del incumplimiento legislativo. Peor aún, la Cámara es incapaz de explicar siquiera si la convocatoria referida sigue aún vigente o no.”

El hecho es que, en línea con lo acontecido en 2003, cuando el PRI y el PAN impusieron un consejo a modo, encabezado por el señor Ugalde, los diputados evaden su responsabilidad, sacrificando el interés general en beneficio de las estrategias partidistas. No hay acuerdo porque los grupos parlamentarios decidieron que los consejeros del IFE se nombren no en función de sus méritos, sino por la fidelidad a determinados intereses, que incluyen a los partidos y a los poderes fácticos que aspiran a un asiento en el Consejo General, como ya lo tienen (gracias a los partidos) en el Congreso. El PRI reclama para sí, como si fuera natural, dos de los tres nombramientos. El PAN y PRD quieren un reparto equitativo, pero en cualquier caso se trata de una solución que desnaturaliza las disposiciones constitucionales, que hacen del IFE el árbitro de la contienda electoral y no uno de los sujetos participantes.

La pretensión de traducir la correlación de fuerzas de la Cámara de Diputados a la integración de la autoridad electoral desvirtúa el lugar central que el IFE ocupa en la arquitectura constitucional democrática. Por eso, tiene razón Ciro Murayama al puntualizar que la no designación de los tres consejeros electorales del IFE es un revés a la consolidación de la democracia, y todo revés democrático implica un avance autoritario. Obviamente, la cercanía de la sucesión presidencial, habida cuenta de las experiencias frustrantes de 2006, la explosión de desconfianza, así como las dudas retrospectivas creadas por la impaciencia de algunos ex consejeros para reciclarse bajo la máscara de sus partidos, ayudaron a fomentar la percepción de que el IFE podía instrumentalizarse como una plataforma de la lucha política, pero en el intento de quebrantar su imagen hay algo más que errores o conductas inapropiadas de algunos personajes: está en curso una vasta ofensiva para desmantelar la autonomía del IFE como un órgano del Estado con autoridad suficiente para modular el juego democrático en el contexto del próximo proceso electoral.

Al parecer, las fuerzas que impulsaron los dos grandes casos de corrupción electoral sancionados por el IFE (Pemexgate y Amigos de Fox) ya no están dispuestas a someterse al escrutinio imparcial del Consejo General (a menos que éste los represente con voz y voto), como tampoco están dispuestos a permanecer en silencio los dueños de los medios a los que la ley ha privado de una parte de los recursos del gran pastel electoral, aunque la campaña se centre en la libertad de expresión, apoyada tanto por Peña Nieto como por Vázquez Mota, punteros de sus partidos y favoritos de los empresarios del negocio de la radiodifusión.

Tras la pugna ratonera sobre los consejeros se perfila la noción de un IFE concebido burocráticamente para administrar el proceso electoral, pero incapaz de ser el fiel de la balanza en las controversias dictadas por la conflictiva realidad. (Por eso es vital la organización de los ciudadanos como fiscalizadores in situ de las elecciones, a fin de no dejar espacios sin cubrir, como le ocurrió a la izquierda en 2006.) La caída de la consideración del IFE entre la opinión pública forma parte de un proceso de subordinación creciente del Estado a las necesidades e intereses de los grupos de poder hegemónicos que actúan dentro y fuera de las instituciones.

Esta deconstrucción en los hechos de la autonomía del IFE, que también toca de palabra a la clase política en bloque, es parte de una estrategia (en realidad una lectura entre cínica y pragmática de la alternancia y sus consecuencias) que se arropa en el lenguaje democrático; habla en nombre de los ciudadanos, aunque en rigor promueve la concentración del poder y el consumismo en el plano electoral.

Es evidente que el mecanismo de elección de los consejeros electorales no da para más y es urgente revisarlo, pero no se vale que, a estas alturas, se pretenda hacer responsables a los aspirantes seleccionados por el manifiesto incumplimiento de la ley para poner a salvo la conducta irresponsable de los diputados y sus partidos. Da vergüenza que un legislador nos quiera tomar el pelo diciendo que si no hay acuerdo se debe a que en la lista aprobada no están los que generan consensos porque tienen representaciones… partidistas. Sobre el engaño, la burla.