El informe de Human Rights Watch (HRW) denominado Ni seguridad, ni derechos: ejecuciones y tortura en la guerra contra el narcotráfico en México, señala que miembros de las fuerzas de seguridad “habrían participado en más de 170 casos de tortura, 39 desapariciones y 24 ejecuciones extrajudiciales desde que Felipe Calderón asumió la Presidencia en diciembre de 2006”.

La conclusión de investigaciones exhaustivas realizadas por la organización durante dos años en cinco de los estados más violentos del país, asevera: “En vez de reducir la violencia, la guerra contra el narco ha provocado un incremento dramático en la cantidad de asesinatos, torturas y otros terribles abusos por parte de las fuerzas de seguridad, que sólo contribuyen a agravar el clima de descontrol y temor que predomina en muchas partes del país”.

José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, agregó en entrevista –después de haberse reunido ayer por más de dos horas con el presidente Felipe Calderón para analizar el informe– que el Ejército y la Armada de México deben ser utilizados con total transparencia y rendición de cuentas, cosa que no ocurre actualmente.

Insistió en que si las fuerzas armadas continúan actuando al margen de la transparencia y del rendimiento de cuentas, difícilmente cambiará el esquema actual de violación de derechos humanos. En este sentido, hizo un llamado al gobierno federal a establecer mecanismos de control para dejar atrás la impunidad casi total en la que actúan soldados y marinos.

Una delegación de HRW se entrevistó con diversos funcionarios federales de primer nivel, a excepción del secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván Galván, con quien se canceló un encuentro previamente pactado.

Vivanco dio a conocer el informe de 236 páginas que contiene testimonios, documentación oficial e información obtenida de 200 entrevistas con víctimas, cifras oficiales y 60 peticiones de información pública por medio del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai), que abarca la problemática en los estados de Baja California, Chihuahua, Guerrero, Nuevo León y Tabasco.

Enjuicia a soldados y policías

En esas entidades, dijo, se comprobó que las fuerzas de seguridad (soldados, marinos y policías federales, estatales y municipales) aplican sistemáticamente la tortura para conseguir que los detenidos confiesen mediante coerción o proporcionen información sobre los cárteles de la droga, y que muchas veces son gente humilde que en la inmensa mayoría de los casos es inocente y no tiene vínculos con la delincuencia.

José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, en conferencia de prensaFoto José Antonio López

También, apuntó, el documento “contiene evidencias contundentes que sugieren que soldados y policías han perpetrado desapariciones y ejecuciones extrajudiciales, y que en muchos casos han adoptado medidas para ocultar sus delitos”.

El informe de HRW asevera que si bien la incidencia de las violaciones graves de derechos humanos ha aumentado drásticamente en el contexto del combate al narcotráfico, no sucedió lo mismo con la investigación y el juzgamiento de esos asuntos, ya que de 997 investigaciones abiertas por la Procuraduría General de la República (PGR) por homicidios vinculados con el crimen organizado entre 2007 y agosto de 2011, los jueces federales solamente han condenado a 22 por homicidio y otros delitos relacionados con la delincuencia organizada.

Además, de las 89 averiguaciones previas abiertas por la PGR por tortura de 1994 a junio de 2010, sólo han sido condenadas dos personas, lo que revela la profundidad del problema y que las investigaciones judiciales están muy por debajo de las necesidades del país.

Vivanco también destacó el tema del fuero militar, al señalar que durante el gobierno de Calderón se han iniciado 3 mil 671 averiguaciones por supuestas violaciones a los derechos humanos a manos de militares, en las que únicamente se han dictado 29 sentencias, mientras que en los cinco estados investigados, en donde se han abierto mil 165 averiguaciones contra soldados y marinos, no se ha registrado ninguna condena.

Después de destacar la importancia que tuvo la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el caso de Rosendo Radilla, que estableció que los militares que cometan delitos en contra de civiles deben ser juzgados por el fuero común o federal, Vivanco llamó la atención en que hasta la fecha no se ha realizado la reforma al Código de Justicia Militar para que la decisión de la Corte se plasme en ley. Pero también censuró a la PGR por no tener la iniciativa de atraer al fuero federal las acusaciones en contra de militares, con base en el criterio del máximo tribunal.

El informe hace otras recomendaciones específicas a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, como son la derogación de la figura del arraigo y de las normas que permiten la detención en flagrancia, que facilitan el abuso a los detenidos y que los jueces no validen pruebas obtenidas mediante la tortura.