l G-20, que acaba de reunirse en Cannes (Francia), se impone hoy como un foro de primera importancia para debatir el futuro de la globalización. La cuestión de fondo es la legitimidad de este foro informal y de las soluciones propuestas, especialmente la confirmación de la continuidad de las políticas económicas y financieras ultraliberales.

Hasta el principio de los años 90, cuando desapareció la Unión Soviética, la arquitectura mundial diseñada por los vencedores de la Segunda Guerra Mundial dio a Naciones Unidas un papel central. En la lógica de la victoria de 1945, el Consejo de Seguridad de la ONU, con sus cinco miembros permanentes con derecho de veto, fue concebido como la instancia suprema para discutir los grandes problemas de seguridad del mundo. La Asamblea General de la ONU tiene poderes limitados pero con 193 miembros juega el papel de un Parlamento mundial. Basada en tratados y convenios internacionales la arquitectura mundial de la posguerra hizo progresar el derecho internacional. Paralelamente, con los acuerdos de Bretton Woods se crearon las instituciones financieras internacionales diseñadas para un número limitado de países de economía de mercado. En 1945, Estados Unidos representaba 40 por ciento del PIB mundial, lo que le permitió tomar el control del sistema financiero internacional.

Pero a partir de los años 90 el orden de 1945 se descompuso y toda la arquitectura mundial quedó inadaptada a un mundo que pasó a ser unipolar (con un eje euroatlántico) y económicamente interdependiente. En los años 2000 la irrupción de los países emergentes, en particular de China, Rusia, India,  Brasil y Sudáfrica (llamados los BRICS), obligó a  los grandes países occidentales a abrir nuevos espacios de dialogo con ellos. Lo hicieron por cooptación para no perder el control de la agenda mundial y de las instituciones internacionales formales o informales. De hecho, las bases de la  política económica y financiera mundial todavía hoy se deciden entre los ministros de Finanzas del G-7, verdadero núcleo ideológico de la globalización. Las cuestiones de seguridad, normalmente de la competencia del Consejo de Seguridad de la ONU, se tratan ahora también en el G-8, y desde 2008 los países del G-20 están invitados a dialogar sobre las crisis financieras y otros temas como la agricultura, el cambio climático o Internet.

Desde el inicio de su presidencia en 2007 y ahora como presidente del G-20, el presidente Sarkozy pidió una reforma global de la gobernabilidad mundial. Él considera que el sistema de la ONU está agotado, no responde más a las exigencias del momento y es incapaz de reformarse. Por lo tanto, él, como algunos de sus colegas,  estima que un grupo de países como el G-20, que representa 90 por ciento del PIB mundial y 65 por ciento de la población mundial tiene plena legitimidad aun si no tiene fundamentos jurídicos. La Declaración de Cannes coloca el G-20 encima de cualquier otra institución internacional y lo define como un “un foro único… para coordinar las políticas y generar el acuerdo político necesario para enfrentar los retos planteados por la interdependencia económica mundial”. Este concepto de gobernabilidad mundial revoluciona totalmente el orden político y jurídico de 1945: la igualdad de derechos entre estados soberanos es una cosa del pasado, como lo es su corolario la no injerencia (como lo demostraron el rescate de Grecia y la intervención de la OTAN en Libia). En la cumbre de Cannes,  el presidente Sarkozy puso en la mesa una agenda muy amplia incluyendo el empleo, la dimensión social de la globalización y el desarrollo. La declaración final es una largo catálogo de recomendaciones o muy técnicas o muy vagas que no son vinculantes. A pesar de fuertes divergencias en el G-20 y en el propio G-7, hay un común denominador: los jefes de Estado del G-20 no cuestionan los fundamentos políticos y económicos de la globalización y se conforman con el carácter informal pero perenne de sus encuentros como respuesta a una verdadera necesidad de refundación de la gobernabilidad mundial. México presidirá el G-20 en 2012, Rusia en 2013, Australia en 2014, Turquía en 2015.

Es sorprendente la distancia que hay entre las buenas intenciones proclamadas por los líderes del mundo y la realidad que vive la inmensa mayoría de la humanidad. La pobreza, el desempleo y los daños ecológicos crecen en todo el mundo, mientras una pequeña minoría se enriquece de manera escandalosa en una economía-casino predadora que los gobiernos no pueden o no quieren detener. Los planes de ajuste impuestos a Grecia y a otros países europeos elaborados por las superestructuras burocráticas europeas que nadie controla y ahora por el G-20, ignoran a los ciudadanos. Con mucha razón el filosofo alemán Jürgen Habermas describe la situación actual de la Unión Europea como posdemocrática. Los parlamentos nacionales reciben órdenes de estructuras internacionales tecnocráticas y tienen que aprobar políticas y presupuestos antipopulares diseñados principalmente para satisfacer a los mercados. Es un hecho que la interdependencia económica tiene como consecuencia un retroceso de la democracia.

El G-20 reproduce el mismo fenómeno: pretende sustituir el viejo sistema basado en la soberanía e igualdad de los estados por una nueva gobernabilidad mundial en la cual los países más poderosos y los intereses del mercado, reconocido ahora como actor mundial al igual que los estados, pasan por encima de la voluntad de los pueblos en un contexto de debilitamiento del derecho internacional positivo. Si bien es cierto que la vieja arquitectura mundial no responde a los retos de la interdependencia creciente de los países, la nueva gobernabilidad mundial representada por el G-20 no anuncia nada bueno si descansa en normas posdemocráticas elaboradas sin control de los pueblos y contra los intereses de la mayoría. Los países emergentes miembros de esta nueva cúpula mundial tienen una responsabilidad histórica para cambiar el rumbo a largo plazo y evitar mayores catástrofes sociales y ambientales que pondrían en jaque el futuro de la humanidad.

pcharasse@gmail.com