Madrid, 15 de noviembre. A sólo cinco días de las elecciones generales, el colectivo del personal sanitario de Cataluña llevó a cabo una huelga general para alzar la voz ante los severos recortes y el viraje en las políticas públicas para mantener uno de los pilares del Estado del bienestar: el sistema universal de salud.

Según los sindicatos convocantes, el paro laboral fue seguido por 71 por del personal médico, que respetó los servicios mínimos de urgencias y de la atención prioritario a los enfermos crónicos, pero aún así se calcula que la protesta afecto a 20 mil visitas médicas.

La crisis económica y financiera internacional está mermando uno de los pilares de la democracia española: su sistema de salud pública, uno de los vanguardistas y mejor dotados de Europa. Cataluña, la comunidad autónoma con más empuje económica, aplica duros recortes en esta materia desde la llegada al poder los nacionalistas de Convergencia i Unió (CiU), de ideología conservadora.

El paulatino cierre de centros clínicos, el recorte del presupuesto, el cierre sorpresivo de áreas vitales para la atención médica y la congelación de las nuevas contrataciones y los salarios ha despertado la indignación en un colectivo que se encuentra entre los mejor valorados de los servidores públicos.

Nosotros no reclamamos más sueldo, sino más presupuesto para la sanidad pública el año próximo. La Generalitat aporta los mismos recursos que teníamos en 2003, cuando la red sanitaria pública atendía a seis millones de personas. Ahora somos siete millones y la estructura sanitaria preparada para atenderlos no puede sostenerse. Hay servicios públicos de primera necesidad, como la sanidad pública, donde deben evitarse aplicar recortes de esta forma, explicaron los sindicatos.

Esta movilización también sirvió para que el colectivo sanitaria expresara su preocupación ante el futuro inmediato en el resto del Estado español, sobre todo después del próximo 20 de noviembre, cuando se espera una aplastante victoria del derechista Partido Popular (PP), que algunos de sus dirigentes regional defienden el copago en la sanidad pública y una política de privilegiar a la atención médica privada.