os obispos católicos ostentan una representatividad de la que carecen. Proclaman que en ellos recae una amplia legitimidad porque, como la mayoría de la población mexicana se declara católica, entonces su voz, la de los clérigos, se hace escuchar para defender las convicciones e intereses de la feligresía que encabezan.
La verdad es otra muy diferente de la pretensión de la cúpula clerical católica. En esencia los obispos, arzobispos y cardenales son representantes del Papa en turno. Es así porque quien preside la Iglesia católica los nombra directamente para el puesto. Sólo a él le deben fidelidad y obediencia incondicional, por lo cual reciben la encomienda de aplicar la doctrina y políticas eclesiásticas diseñadas desde Roma en la jurisdicción diocesana para la que fueron nombrados única y exclusivamente por el Papa. Son resultado del dedazo pontificio.
El lunes 7 de noviembre Felipe Calderón se mostró muy cálido y elogioso con integrantes de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), en una cena que tuvo lugar en Los Pinos. Al día siguiente un boletín oficial dio cuenta del reconocimiento de Calderón Hinojosa a los prelados, ya que, según él, en distintos órdenes de la vida nacional es muy grande la contribución de los dirigentes católicos.
En el marco de la asamblea general número 92 de la CEM, su secretario general y obispo auxiliar de Texcoco, Víctor René Rodríguez Gómez, sin sonrojarse afirmó que la alta burocracia católica representa a “85 por ciento de la población, que según el censo de 2010 se declara católica […] aproximadamente 93 millones” (información de Carolina Gómez Mena, La Jornada, 9/11). En esa lógica ya para qué tener comicios electorales y gastar sumas millonarias en su organización. Basta y sobra con que obispos y arzobispos nos gobiernen mediante decretos y homilías, ya que ellos son, eso creen, los representantes de la voluntad popular. Ni modo, minorías, quién les manda marginarse del redil que apacientan con tanta sabiduría y rectitud los de la CEM.
En este sexenio se ha acentuado la tendencia en la clase política, de todos los partidos políticos, a creerse el cuento de la indisputada legitimidad representativa de la cúpula eclesiástica católica. De ahí que traten de buscar cercanía mediática con esos representantes populares de lujo. Hacen todo lo posible por facilitar a los clérigos infraestructura y servicios oficiales, asisten presurosos a festejos y comilonas organizados por los obispos, arzobispos y cardenales. Juegan con ellos ese deporte de élites que es el golf. Todo sea por allegarse simpatías y bendiciones que los políticos juzgan esenciales en temporadas electorales.
Los integrantes de la cúpula eclesiástica católica son unos representantes muy peculiares. No rinden cuentas ni dan explicaciones a sus representados. Como ya saben de antemano los sentires y convicciones de ellos y ellas, no se molestan en consultarlos, y aunque los representados se digan católicos, pero en su vida cotidiana se conduzcan a contrasentido de esa confesión, de todas formas los altos clérigos los representan porque así lo afirman ellos mismos. Y que nadie ose poner en cuestionamiento dicha afirmación, porque estaría ipso facto en el más craso error.
En la CEM confunden la declaración de una confesionalidad religiosa, la católica, por parte de poco más de 80 por ciento de la población mexicana (ese porcentaje es el que se decanta después de hacer una depuración de las cifras del Censo de 2010), con identificación irrestricta de los mexicanos y mexicanas católicos con las posiciones institucionales y éticas de la Iglesia católica romana. Lo verificable es lo contrario: de manera creciente se abre la brecha entre las enseñanzas católicas y las prácticas de la ciudadanía. La gente es católica a su manera; la gran mayoría no se preocupa por cumplir las directrices de los clérigos, ni está ávida de recibir instrucciones doctrinales para tomar decisiones cruciales para su vida.
Las presiones clericales –y no nada más de los jerarcas católicos, sino también de dirigentes de otras confesiones religiosas– por filtrar su agenda en cómo modelar la vida pública de los ciudadanos, mediante leyes que buscan restringir derechos, están arreciando y van a ser todavía más intensas en los meses electorales que se avecinan. Aunque la ciudadanía está transitando a tiempos en que construye pluralmente sus identidades y correspondientes tomas de decisiones, la visión clerical quiere contener esos cambios y congelarnos en épocas corporativas, en las que bastaba conocer la voluntad del dirigente para saber la naturaleza de la decisión tomada.
Difícilmente los prelados católicos pueden dar lecciones de representatividad, y menos de amplia legitimidad popular, cuando su nombramiento es unipersonal y por la sola voluntad del obispo de Roma. Este hecho tan nítido, que se busca nublar con sofismas disfrazados de lógica irrebatible, debemos tenerlo bien presente cuando se busca suplantar la voluntad ciudadana.
