No hay democracia que valga si no se protegen y conservan los recursos naturales, asentaron integrantes de grupos ecologistas de Cuernavaca y académicos en el foro Los proyectos de urbanización salvaje en Morelos y su impacto socioambiental, organizado por Casa Lamm y La Jornada.

Fernando Jaramillo, especialista en áreas naturales protegidas y biodiversidad, comentó que sólo 60 municipios de los 2 mil 419 del país tienen planes de ordenamiento ecológico, lo que revela la poca atención en la protección de los recursos naturales.

Hizo un llamado a la ciudadanía para que impida que por un presunto interés público se talen bosques, contaminen ríos y se destruyan los recursos naturales, base para el desarrollo del país y calidad de vida de la población. La elaboración de los planes de desarrollo de los municipios, los estados y del territorio nacional deben ser producto de amplia participación ciudadana.

Como ejemplo de los supuestos beneficios públicos expuso el caso de la construcción de la autopista Cuernavaca-Toluca, que atraviesa la zona de reserva ecológica del Chichinautzin. Puntualizó que la región es de alta prioridad ecológica, ya que en ella se recargan los mantos acuíferos que sirven a la ciudad de México y a la capital de Morelos.

Flora Guerrero Goff, directora de Guardianes de los Árboles, expuso que en el estado conocido por el eslogan como Cuernavaca, ciudad de la eterna primavera, se pierden anualmente 3 mil 500 hectáreas. El drama es que en Morelos han desaparecido 80 por ciento de sus bosques, y en Cuernavaca quedan 200 en las 15 mil hectáreas de bosques caducifolios, por la construcción de carreteras y la expansión brutal de la mancha urbana, dijo.

Raúl García Barrios, representante de la Universidad Nacional Autónoma de México ante el consejo consultivo de ordenamiento en Cuernavaca, asentó en su ponencia que 30 por ciento de las casas de interés social están abandonadas y que 50 por ciento de éstas son ocupadas una o dos veces por semana. Se responde a una burbuja inmobiliaria, mientras comuneros y ejidatarios que venden sus tierras reciben una milésima parte de los proyectos que se desarrollan en las tierras agrícolas.

Indicó que un alto número de proyectos nocivos para el ambiente y la sustentabilidad son aprobados, pues los estudios de impacto ambiental dejaron de ser instrumentos de resguardo de los recursos naturales y ser convirtieron en trámites administrativos.