Sin la presencia de la familia de Rosendo Radilla Pacheco, víctima de desaparición forzada, en 1974, el Estado mexicano reconoció ayer públicamente su responsabilidad por estos hechos, durante una ceremonia oficial en Atoyac de Álvarez, Guerrero.

Juan Marcos Gutiérrez, hasta ayer encargado del despacho de la Secretaría de Gobernación, confirmó esta obligación internacional –derivada de una orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos– y reafirmó la plena voluntad del gobierno calderonista con la protección de las garantías básicas.

Esta ceremonia fue programada para el lunes pasado (14 de noviembre), a la que asistirían José Francisco Blake Mora en su calidad de secretario de Gobernación, y Felipe Zamora, subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la dependencia, quienes murieron el viernes 11 en un accidente aéreo.

Tita Radilla, hija del desaparecido luchador social, lamentó que el gobierno mexicano perdiera una oportunidad de reconocer a las víctimas de la llamada guerra sucia, al anunciar la realización de un acto apresurado y sin incluir a la familia Radilla.

Apenas un día antes, dijo, la Secretaría de Gobernación comunicó a la familia y a sus representantes legales de la realización del acto público.

“El Estado pierde la oportunidad de reconocer a las víctimas de la guerra sucia y de reconstruir el tejido social en Guerrero, donde el Estado cometió crímenes de lesa humanidad que afectaron al municipio de Atoyac de Álvarez en su totalidad, donde se han documentado más de 630 casos de desaparición forzada”, dijo Tita.

Juan Carlos Gutiérrez, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, consideró que el efecto de reparación se nulifica al no contar con la presencia de las víctimas. La imposición del acto revictimiza a las familias que tienen más de 37 años esperando que el Estado reconozca lo sucedido durante los años 70.

Amnistía Internacional (AI) manifestó su profunda preocupación por el hecho de que las autoridades no se hayan asegurado de que los familiares de Rosendo Radilla tuvieran la posibilidad de estar presentes.

El Estado mexicano ha dejado pasar una oportunidad importante para reconocer su responsabilidad en el caso Radilla, así como para aliviar el dolor de las víctimas, y para recuperar frente a ellas la confianza institucional necesaria para rectificar el rumbo en esta larga travesía que la familia Radilla Pacheco ha tenido que recorrer para encontrar justicia, dijo Alberto Herrera Aragón, director ejecutivo de AI México.

Al acto tampoco asistieron representantes de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de los Derechos Humanos en México, quienes desde la víspera dijeron que no acudirían, por considerar que Gobernación decidió de manera unilateral la fecha y horario de la ceremonia.

Gutiérrez González fue acompañado por el gobernador Ángel Aguirre Rivero y la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa Cantellano, quienes develaron una placa en memoria del luchador social en la plaza Morelos del zócalo de Atoyac, a un costado del antiguo ayuntamiento.