Buenos Aires, 19 de noviembre. Un cambio fundamental se produjo para la justicia argentina que investiga ahora los crímenes cometidos en los años previos al golpe del 24 de marzo de 1976, después que un juez federal condenara recientemente a 15 militares por los delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención Puente 12 o Protobanco, que funcionó entre 1974 y 1977.

Este juicio dentro de la megacausa que investiga los crímenes cometidos bajo el comando del Primer Cuerpo de Ejército puso la mira de la Justicia en un tema considerado tabú y es la utilización del terrorismo de Estado contra la disidencia política y social durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón (a quien muchos analistas consideran sólo una figura decorativa), con sus secuelas de secuestros, torturas, asesinatos, fusilamientos disfrazados de enfrentamientos y desapariciones forzadas como señala Daniel Cechini en el semanario Miradas al Sur.

El juez federal, Daniel Rafecas, ordenó la detención de esos 15 represores a los que responsabilizó de crímenes de lesa humanidad cometidos en un Centro Clandestino que funcionó desde 1974, lo que fue un paso importante en la profundización de las investigaciones judiciales a la época previa a la dictadura.

Hay dos factores nuevos que se señalan: por una parte que los juicios realizados en el país contra los responsables del terrorismo de estado de la última dictadura han demostrado la participación de civiles, entre ellos empresarios y jueces, con lo cual ahora se habla de una dictadura cívico-militar, llegando a la conclusión que la última dictadura fue preparada, planificada y perpetrada con la participación de importantes sectores y actores civiles, que fueron determinantes para su consumación y sus consecuencias.

La resolución de Rafecas lleva a los años 74 y al accionar de la parapolicial Alianza Anticomunista Argentina (Triple A, como se la conoció) y también al llamado Comando Libertadores de América, el que funcionó especialmente en la provincia de Córdoba donde organizaciones de derechos humanos trabajan ahora para reunir los casos de crímenes de lesa humanidad en ese período anterior a la dictadura y llevarlos a la justicia.

También se ha investigado en otros casos a Concentración Nacional Universitaria (CNU), planteándose que todo lo actuado entonces no fue producto de iniciativas tomadas por grupos de ultraderecha al margen del Estado, sino parte de un plan sistemático de represión ilegal decidido en los más altos niveles del gobierno constitucional en cuya implementación no sólo participaron civiles sino que contó con logística y personal de las fuerzas armadas y de seguridad, advierte el análisis.

Se recuerda la extensa bibliografía sobre la creación de la Triple A y su fundador José López Rega, que como ministro de Bienestar Social del gobierno del general Juan Domingo Perón en su tercer y corto mandato (1973, julio de 1974 cuando falleció) utilizó fondos estatales para su accionar, logrando colaboración de la policía federal bajo mandato del comisario Alberto Villar.

Nuevas investigaciones han mostrado las relaciones de López Rega con el embajador estadunidense Robert Hill-amigo cercano de los escuadrones de la muerte de Guatemala y Centroamérica-mientras que Villar ya llevaba mucho tiempo ligado a la CIA e incluso hab´ñia ideado la unión secreta de las policías de la región para actuar ilegalmente, una anticipación de lo que sería la Operación Cóndor en los años dictatoriales del Cono Sur.

Precisamente Cechini junto a Albertto Elizalde están investigando lo actuado por la CNU demostrando que los grupos de tarea de esta organización funcionaron coordinadamente con la Triple A y, en la provincia de Buenos Aires, actuaron primero bajo las órdenes del gobernador Victorio Calabró(peronismo de derecha)amparados por la Policía Bonaerense, que les aportó gatilleros y les liberó zonas y luego pasaron a depender del comando del Área de Operaciones 113, cuyo jefe era el coronel Roque Carlos Presti.

Se conoció también que durante una reunión realizada a fines de octubre de 1975, la Triple A y la CNU pasaron a depender del Batallón de Inteligencia 601 y a recibir órdenes operativas y armamentos del Ejército y la Armada.

Los mismos investigadores concluyeron en que la génesis del decreto de aniquilamiento de la subversión, firmado en 1975 por el presidente provisional Ítalo Argentino Luder, y que transformó a las Fuerzas Armadas en fuerzas de ocupación en todo el territorio nacional, facilitó aún más la represión ilegal y la preparación del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

A más de 35 años de los crímenes de la Triple A, secuestros, la verdad está saliendo a borbotones y las investigaciones y los juicios han logrado alcanzar y derribar la antigua impunidad.