La Secretaría de Gobernación (SG) tendrá el año próximo un presupuesto limitado para atender los mecanismos de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, así como para hacer efectiva las indemnizaciones dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En el primer caso, la protección a periodistas, derivada de una obligación legal del gobierno, tiene un presupuesto aproximado de 27 millones de pesos, mientras que en el segundo rubro apenas tiene dos millones y medio para brindar soporte a activistas amenazados como consecuencia de sus quehaceres.

Los limitados recursos contrastan con el presupuesto global de la SG, una de las más altas de la administración pública federal, con 23 mil 637.4 millones de pesos, esto es, cien millones más de lo que solicitó el Ejecutivo.

Por el contrario, esta secretaría continúa en la mira de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por presuntas irregularidades y probable gasto excesivo en el rubro de erogaciones para sueldos, entre otros puntos.

El Programa Anual de Auditoría de Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010 detalla que a Gobernación se le investiga por desempeño mostrado en lo que se refiere a los tratados internacionales en materia de derechos humanos; por la atención a víctimas del delito (Instituto Nacional de Migración) y por su responsabilidad en el proceso de liquidación de Luz Fuerza del Centro.

Además, en el ámbito de gestión financiera por la contratación de servicios personales, esto es, por el uso y excesos en la contratación de funcionarios y demás empleados de confianza o asignación directa.

La ASF determinará la dimensión de las probables irregularidades que redundan en un inadecuado ejercicio del presupuesto.

El pasado 15 de noviembre los diputados aprobaron para Gobernación recursos millonarios para servicios migratorios, seguridad nacional, registro nacional de población y protección civil, así como lo correspondiente a la seguridad pública, subsidios y fortalecimiento institucional en esta materia.

Del lado opuesto, el área de protección a derechos humanos tiene autorizados 2.6 millones y la prevención, protección y atención en materia de trata de personas, cuatro millones.

Por lo que toca a la protección de periodistas y defensores de garantías básicas, se desglosaron 1.5 millones en el anexo relativo a la igualdad entre hombres y mujeres y, gracias a las ampliaciones para Gobernación, se otorgó un monto de 27 millones a la protección de comunicadores.