n la capital salvadoreña se concretó ayer la firma de un Tratado de Libre Comercio (TLC) que sustituye y unifica los convenios comerciales suscritos entre nuestro país y Costa Rica, en 1995; con Nicaragua, en 1997, y con los integrantes del llamado Triángulo Norte –Guatemala, Honduras y El Salvador– en 2001. La firma del acuerdo fue calificada de histórica por el secretario de Economía, Bruno Ferrari, quien sostuvo que con el nuevo convenio comercial nuestros mercados serán mucho más atractivos para las inversiones. Por su parte, la titular de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, confió en que el TLC entre México y los países centroamericanos contribuya a formar una zona geográfica de desarrollo.

Pese a las expectativas depositadas en el nuevo instrumento de comercio multilateral por los funcionarios calderonistas, el mal desempeño de la economía nacional en los últimos años, los rezagos sociales que se padecen en los países de la región y la experiencia vivida por México a raíz de la suscripción de mecanismos de este tipo –concretamente, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)– hacen pensar que el nuevo acuerdo comercial será más un factor de debilidad que de fortaleza para las economías de la región. No puede pasarse por alto que los países que se incorporan al nuevo instrumento comercial, incluido el nuestro, tienen como denominadores comunes un panorama social marcado por las desigualdades y una deuda histórica con amplios sectores de población sumidos en la miseria, así como una orientación económica que privilegia los intereses de pequeños grupos oligárquicos y trasnacionales por sobre el bienestar general.

En tal circunstancia, cabe dudar de que la suscripción del citado acuerdo entre nuestro país y las naciones del istmo continental pueda ser en efecto un motor para el desarrollo regional, como pronosticó Espinosa. Por el contrario, y en forma análoga a lo ocurrido con México tras la firma del TLCAN, es de suponer que la intensificación del intercambio comercial indiscriminado entre economías desiguales derive en la depredación de los sectores industriales y agrícolas de las más débiles; en el consecuente debilitamiento de los mercados y la economía internos; en la profundización de dependencia económica de las naciones centroamericanas respecto de la nuestra, y en el incremento, para las primeras, del riesgo de contagio ante las dificultades económicas que pudiera enfrentar el país.

Más allá de los señalamientos críticos que puedan hacerse al TLC México-Centroamérica desde la perspectiva económica, el acuerdo suscrito ayer resulta cuestionable en lo político, por cuanto se firma con el telón de fondo de un incremento en la discriminación y la violencia sufrida por ciudadanos centroamericanos en su paso por territorio mexicano, y se expresa en el creciente número de secuestros, violaciones y extorsiones cometidos contra migrantes centro y sudamericanos en nuestro país, así como en las masacres cometidas por presuntos integrantes de bandas delictivas y los ominosos casos de colusión entre autoridades migratorias y grupos delincuenciales dedicados al tráfico de personas, como Los Zetas.

Lo anterior pone en perspectiva, en forma particularmente atroz, la inmoralidad intrínseca de los acuerdos comerciales como el suscrito ayer en San Salvador, que eliminan las barreras fronterizas y económicas para los capitales y las mercancías –en consecuencia con la estrategia globalizadora de la doctrina económica vigente– pero excluyen a las personas de ese libre tránsito.

En suma, la suscripción del acuerdo referido plantea el riesgo de reproducir, a escala regional, las asimetrías y efectos nocivos que ha vivido nuestro país en carne propia a raíz de la firma del TLCAN, así como de profundizar la dislocación vigente entre la realidad que viven las cúpulas políticas y las élites empresariales y comerciales de los países referidos –para los cuales la suscripción del TLC representa una vasta oportunidad de negocio–, y la que padecen las mayorías depauperadas de la región.