l editorial del pasado domingo de Desde la Fe, semanario de la arquidiócesis de México, arremetió con rudeza contra el Instituto Federal Electoral (IFE). Le cuestionó su aporte cada vez más debilitado a la democracia electoral; le reclamó burocratización, los altos costos y salarios tanto del instituto como de funcionarios y, sobre todo, se lamentó de que el IFE se haya partidizado al extremo de quedar a merced de los intereses político-partidarios.

En el editorial, Desde la Fe indica: No podemos dejar de señalar que el IFE se ha convertido en una enorme burocracia que, comenzando por los ciudadanos consejeros, requiere de inmensos recursos. Con cierto oportunismo, la arquidiócesis se hace eco de un creciente malestar de la población ante la clase política y ante sus excesos, que indudablemente tienen efectos en instituciones como el IFE. Sin embargo, culpa a los consejeros como si éstos fueran responsables del deterioro general de la democracia electoral, de las  reformas defectuosas y supuestas aplicaciones arbitrarias de la ley. La arquidiócesis parece fabricar réplicas sísmicas cuyo epicentro se ha desatado en diferentes medios electrónicos. Sin embargo, Desde la Fe no propone alternativas. Critica de manera demoledora y contundente, pero no ofrece sino ahondar el descrédito de una institución clave en la sacudida transición que nuestro país ha optado. Parece apenas descubrir los altos salarios de los funcionarios, cuando este acuerdo está motivado desde hace más de 15 años, pero en realidad arremete contra una institución cada vez más dispuesta a aplicar la normatividad electoral a la continua tentación política de la Iglesia.

De inmediato los consejeros electorales han revirado. Las críticas publicadas –dicen– carecen de sustento, no son constructivas y sólo pretenden desacreditar la imagen del IFE con un fin perverso, subrayó con esta fuerte expresión el consejero Baños. En Radio Fórmula, agregó que en la arquidiócesis de la ciudad de México no quieren reconocer que no les corresponde meterse en los temas electorales; ellos tienen una misión fundamental que cumplir y eso tiene que ver con los asuntos de la moral. Aseguró que es recomendable que los religiosos ejerzan en materia política los derechos con los que legalmente cuentan y están reconocidos en la Constitución.

El semanario Desde la Fe asume una posición que ha repetido continuamente el propio cardenal Norberto Rivera, que es el desacato a la autoridad cuando ésta a su juicio se desvía. Algo así como un clerical al diablo con las instituciones, exaltando la objeción de conciencia. Sin embargo, la Iglesia históricamente, a pesar de tener contradicciones con los sistemas políticos, tiende al respeto y obligación de las leyes y la normatividad. La realpolitik que impulsó el cardenal Agustino Casaroli durante la guerra fría es ejemplo de respeto, a pesar de las divergencias, al orden social establecido.

El cardenal Rivera muestra una vez más su actitud teocrática. Es decir,  la supremacía de los principios religiosos sobre los políticos. En otros momentos nos ha regalado perlas al anteponer la ley divina sobre el orden secular realmente existente. Las certezas absolutas del cardenal se llaman, en sociología política de la religión: catolicismo intransigente.

En el ámbito político la Iglesia se siente fortalecida. La visita del papa Benedicto XVI en la primavera del año próximo, en pleno proceso electoral, así como la pleitesía que le rinden los políticos encumbrados, encabezados por el propio Presidente de la República, propician la soberbia clerical, que, lejos de asumir los justos reclamos de la sociedad, la jerarquía católica aprovecha para insertar sus reivindicaciones e intereses. ¿Cuáles son sus intereses? Desde hace mucho un sector del clero pretende plena participación político-partidaria incluso en procesos electorales que tanto la Constitución, como el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y la ley de asociaciones religiosas y culto público le prohíben de manera explícita y tajante.

A riesgo de ser reiterativos, por ello debemos reivindicar el carácter laico del Estado. Sin laicidad no hay libertad religiosa de las propias iglesias ni del Estado. Sin laicidad no hay democracia, porque el Estado laico permite a cualquier iglesia defender y sostener hasta con pasión sus posturas; sin embargo, el Estado laico no puede resistir ni tolerar la amenaza ni la deconstrucción de sus fundamentos, basados en el respeto a la pluralidad, en la tolerancia y la equidad, especialmente a las instituciones. Un sector de la jerarquía, ante el proceso electoral en puerta, amenaza con desatar sus intereses y pasiones.