Acapulco, Gro., 24 de noviembre. La Procuraduría General de la República (PGR) construirá un Servicio Médico Forense (Semefo) que albergue por tiempo indefinido los restos de las víctimas de delitos del fuero federal que no han sido identificados física o genéticamente, a fin de evitar que sean enviados a la fosa común, reveló la procuradora Marisela Morales Ibáñez.

Entrevistada en el contexto de la 26 Conferencia Nacional de Procuración de Justicia que se realiza en este puerto, la funcionaria federal puntualizó que es necesario contar con ese tipo de instalaciones, y aunque en este momento no se tiene presupuesto para ello, se realizará la obra. Lo anterior fue anunciado luego de que ayer revelara que un sinnúmero de cadáveres de personas asesinadas son enviados a la fosa común sin ningún procedimiento de identificación.

De acuerdo con fuentes de esa institución, se pretende que este Semefo cuente con al menos 200 espacios, a fin de atender casos como los ocurridos en San Fernando, Tamaulipas, donde fueron localizados los restos de 265 migrantes asesinados por Los Zetas, en hechos ocurridos en agosto de 2010 y abril de 2011, y de los cuales al menos 120 restos fueron trasladados al Semefo del Gobierno del Distrito Federal.

Morales Ibáñez dijo a los procuradores del país que México y sus instituciones piden entrega, la sociedad exige justicia y combate a la impunidad, nuestras familias demandan seguridad, nuestro honor nos obliga a no fallar; para ello, indicó, las nuevas tecnologías en la investigación de los delitos son siempre herramientas valiosas cuando se adaptan a las circunstancias prevalecientes a nuestra realidad, y para ello se han desarrollado sistemas de probada utilidad en el análisis de fenómenos delictivos y en la atención de casos particulares.

Para ello, puso como ejemplo el sistema E-trace, habilitado y utilizado en diversos países para rastrear las armas aseguradas e identificar a su comprador de origen, y aseguró que en México existe consenso entre los integrantes de la conferencia para su eventual instalación a escala nacional y explicó que en este encuentro los procuradores definirán las condiciones para su implementación, los criterios que normarán la captura de la información correspondiente en una base de datos, la capacitación necesaria, así como los accesos a dicha información.

En ese contexto anunció la creación de otro instrumento que ofrece una fuente invaluable de información para reforzar los diagnósticos que sustenten las políticas públicas eficaces en materia de procuración de justicia: el Censo Nacional de Procuración de Justicia, en proceso de preparación por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Procuradores de varias entidades, como Renato Sales, de Campeche, se quejaron de la falta de presupuesto para atender las nuevas atribuciones que cada modificación legislativa les impone.