La Procuraduría General de la República (PGR) citará a comparecer al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Sinaloa como parte de las investigaciones que realiza por el fraude de mil 300 millones de pesos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), revelaron fuentes ministeriales involucradas en el caso.

A su vez, la Secretaría de la Función Pública (SFP) adelantó que en los próximos días iniciará un proceso de responsabilidad administrativa en contra de ocho abogados de la divisional noroeste de la CFE y contra diversos funcionarios de las áreas jurídicas y de operaciones a nivel central de la propia empresa

Hasta el momento han comparecido como parte de la indagatoria al menos 20 funcionarios de la paraestatal, así como jueces del fuero común en Sinaloa y otros servidores públicos de esa entidad.

El director general de la paraestatal, Antonio Vivanco Casamadrid, anunció diversas medidas, algunas ya en marcha y cuyo proceso culminará en seis semanas, a fin de evitar nuevos actos de corrupción en la empresa.

El primer paso, dijo, es una mesa de control, establecida desde el pasado 24 de octubre, para analizar, evaluar y estandarizar los procesos de pago en diversos casos, a fin de que exista vinculación entre las áreas.

En proceso de revisión se encuentra también la estructura orgánica del área jurídica de la CFE, para tener clara la dependencia jerárquica de las unidades y los trabajadores, y se delimiten y deleguen facultades.

Se determinó también contratar a un tercero cuya labor será diseñar el proceso de atención, pago y registro de derechos de vía (servidumbre de paso), con el fin de mejorar prácticas en la materia que permitan atender de manera integral la regularización y obtención de los derechos que paga la CFE por usar terrenos donde pasan las líneas de conducción de energía eléctrica.

El pasado miércoles, el titular de la SFP, Salvador Vega Casillas, reveló en conferencia de prensa una red de corrupción que operaba en Sinaloa en perjuicio de la CFE, y que funcionaba mediante argucias legales y juicios amañados.

Añadió que la CFE sufrió el mayor quebranto (en cuantía) a su patrimonio e involucró en el ilícito a 22 funcionarios de la paraestatal, 18 jueces sinaloenses y 20 peritos independientes.

La Subprocuraduría Especializada en Delitos Federales tiene acreditado, mediante pruebas testimoniales, periciales y documentales, que en seis años funcionarios de diversos niveles de gobierno se han confabulado para afectar el patrimonio de la paraestatal. Al menos cinco testigos han declarado a la PGR que varios jueces se han corrompido para beneficiar a los defraudadores de la CFE.

Por estos hechos ya fueron aprehendidos, entre otros, José Raymundo Soto Conde, juez mixto de primera instancia de Mocorito, Sinaloa, y Martín López López, perito en materia de topografía y valuación.

Las fianzas impuestas a estos funcionarios oscilan entre 2.5 millones y 4.5 millones de pesos, sin que hayan sido cubiertas.

Los funcionarios que serán denunciados penalmente y sancionados, según la SFP, son: Aarón Silva González, Alán Ramos Ruiz, Edgar Gutiérrez Ochoa, Gerson Amparán Cázares, Iván Ramón Acosta Torres, Luis Manuel Armenta Corona, Manuel García Martínez, Vladimir Márquez B., Manuel Alberto Villa, y de las áreas centrales: Néstor Félix Moreno Díaz, Abel Huitrón Rosete y Gerardo Zamora Orozco.