Con un juicio de amparo aún abierto por un supuesto despojo de los terrenos y construido con una serie de anomalías, fue inaugurado ayer el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT) de Iztapalapa, en un predio donado por el Gobierno del Distrito Federal sin que se diera mayor información sobre las condiciones en que se otorgó, salvo que fue a título gratuito.

Después de cortar el listón inaugural, al lado del presidente Felipe Calderón, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon, expresó que el apoyo para construir este complejo, que será abierto al público en febrero próximo, es un acto solidario de una ciudad generosa.

Señaló que se trata de una causa común que une diferentes ideologías, orígenes y aspiraciones, con lo que, además, se amplía y perfecciona la política pública que beneficia actualmente a 70 mil personas con algún tipo de discapacidad.

En marzo pasado comenzó a construirse el CRIT de Iztapalapa, aun cuando la Fundación Teletón no contaba con la propiedad del predio que, además de ser reclamado por dos supuestos dueños, fue desincorporado del patrimonio de la ciudad hace apenas unos días, el pasado 11 de noviembre, para formalizar la donación, según lo publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

De hecho, aún sigue pendiente un juicio de amparo interpuesto en el juzgado tercero de distrito en materia administrativa por Óscar Guerrero Murguía, quien reclama el despojo de los terrenos y pide la restitución de los mismos.

De acuerdo con la defensa del afectado falta por celebrarse una audiencia constitucional, en la que se decidirá si se le otorga la suspensión provisional y definitiva.

Aún más, la edificación se inició sin cumplir con diversos trámites y requisitos, entre ellos la manifestación de obra y los estudios de impacto urbano, vial y ambiental.

Así lo documentó este diario, al que se le negó información sobre las condiciones en las que se había donado el predio, con el argumento de que la información estaba clasificada como confidencial por la existencia de dos amparos.

Según la información obtenida vía transparencia nunca hubo una solicitud o dictamen de estudio de impacto urbano en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), tampoco el de impacto vial en la Secretaría de Transportes y Vialidad (Setravi), y ni siquiera la manifestación de obra, que tendría que haber sido tramitada en la delegación Iztapalapa.

Sólo se encontró que el estudio de impacto ambiental del proyecto se encontraba en etapa de revisión en la Secretaría de Medio Ambiente (SMA).