ientras en Perú, Mario Vargas Llosa aseguraba que el candidato presidencial Ollanta Humala respetará el derecho de propiedad y las administradoras de fondos de pensiones, en México, Vanesa Rubio, vocera de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), y Óscar Franco, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore), reiteran que frente al modelo Issste, con aportaciones de 11.3, las de los trabajadores del apartado A –amparados por la Ley IMSS reformada por Zedillo en 1997– son de las más bajas en comparación internacional: 6.5 por ciento más la cuota social. El gran desafío, claman, consiste en aumentar el esfuerzo del ahorro para el retiro.

Pero la evidencia reciente muestra más bien que, junto con la reforma a fondo al fracasado SAR-Zedillo –para ajustarlo a la realidad laboral del siglo XXI mexicano– hay todavía algo que hacer: actuar decididamente sobre el nivel de comisiones que cobran las administradoras de fondos de ahorro para el retiro (Afore).

Es de sobra conocido que el monto de las pensiones corre el riesgo de ser menor en el futuro por la falta de regulación que incentive a las Afore a reducir esas comisiones. Ellas montan 1.52 por ciento del saldo de la cuenta. El promedio anual cobrado suma mil 220 pesos (104 dólares), uno de los niveles más altos de América Latina.

Urge rediseñar esta estructura para que la comisión no sea más que de medio punto, toda vez que ellas no están para beneficiar a las Afore, cuya inversión ha sido más que recuperada.

No falta quien señale que medio punto de comisiones cobradas de más por la Afore durante la vida laboral de un trabajador reduciría su pensión en más de 10 por ciento. Y tampoco falta quien critique a Vanesa Rubio y la Consar como regulador, porque sólo argumentan que las comisiones están al nivel de las internacionales. Con la agravante de que el grueso de esa comisión se consume en el pago de promotores, costo que deberían asumir las propias Afores de sus fondos y no del bolsillo de los trabajadores.

Lo que la experiencia internacional muestra, y que ya debería estarse ensayando en México, es que, al menos, en Suecia, Bolivia, Colombia, El Salvador, Bulgaria, Estonia, Hungría, Kazajstán, Polonia y Eslovenia se procura evitar que las comisiones mermen la pensión obligando a que, por ejemplo, las que cobran las Afores no superen las de las sociedades de inversión o creando subastas de paquetes de afiliados para entregarlos a la administradora que ofrezca la comisión más baja. Igualmente, que éstas garanticen rendimientos mínimos que, de no materializarse, las obligue a no cobrar comisión alguna.

Pero sin duda, el problema de fondo para realmente reformar el fracasado SAR-Zedillo es el del alcance efectivo de la pensión. Y es que, aun con un salario medio y suficientes años de cotización, el punto final de la carrera laboral de quienes opten al retiro vía cuentas individuales devengarán una pensión extraordinariamente baja.

Según la Consultora Lorant MS, un trabajador con 30 años cotizando –que cobra 44 mil 850 pesos– sólo llegará a una pensión de 13 mil 886: 15.46 por ciento de su último salario, debido a la baja aportación y al impacto de la comisión. Además de que todavía deberá asumir el costo de contratar una aseguradora que se la ministrará, calculándola sobre la base del salario acumulado y su expectativa de vida (Reforma, 3/5/11).

Es mucho peor el caso de quien sólo gana mil 794 pesos. Con 30 años cotizados, la pensión mensual sumará apenas 934 pesos: 26.05 por ciento del último salario.

Ese es el problema de fondo del SAR-Zedillo, que debe ser urgentemente reformado. Como bien señala el actuario experto en pensiones José Luis Salas, todos los trabajadores que se tengan que jubilar con la Ley Zedillo del IMSS (1997) tendrán que comprar su pensión en una aseguradora. México será un país de viejos pobres. Por más eficiente que hagamos el sistema, las pensiones van a ser pobres.

Por algo, también, 12 actuarios especialistas –Marcela Flores y Alejandro Turner, entre ellos– han concluido impecablemente que el SAR no resultó como se planeó y los trabajadores que se jubilen dentro de 25 años recibirán únicamente entre 10 y 20 por ciento de su último salario. Eso sucederá –demuestran– porque los rendimientos son insuficientes, el SAR carece de incentivos para la competencia y los trabajadores no cuentan con la información necesaria (temas relevantes y aplicaciones prácticas en materia de retiro y jubilaciones en México, Ernst&Young, Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas-IMEF, Lockton).

Pero para Vanesa Rubio y Óscar Franco, el asunto es otro. A pesar de las recurrentes minusvalías, Rubio estima que cerca de 40 por ciento de los 1.6 billones de pesos en las Afores son solamente rendimientos, y ellas siguen siendo los instrumentos más rentables del mercado mexicano en el largo plazo. Muchos esfuerzos de difusión se han hecho para concientizar a los trabajadores de ver el rendimiento neto, insiste. Porque lo que importa son los rendimientos de largo plazo. ¿Pero es, acaso, un problema sólo de concientización? Y Franco reitera cómodamente que los trabajadores deben informarse bien.

Sin duda: junto a la reforma de raíz al fracasado SAR-Zedillo, y la reforma Calderón del Issste, hay mucho que hacer.

*Universidad Autónoma Metropolitana - Xochimilco