El gobierno federal negó que México esté en guerra y que exista un ataque generalizado o sistemático contra la población civil. Luego de que el abogado Netzaí Sandoval presentó en la Corte Penal Internacional (CPI) un expediente –respaldado con más de 23 mil firmas– en el que asegura que en el país se están cometiendo crímenes de lesa humanidad, la Secretaría de Gobernación emitió un comunicado en el que rechaza que en México exista una política de gobierno en ese sentido.

Es convicción del gobierno de la República que no se actualizan los supuestos establecidos en el Estatuto de Roma para que la Corte Penal Internacional inicie una investigación sobre la situación de México, subrayó.

La respuesta se dio horas después de que un grupo de mexicanos denunció en La Haya –sede de la CPI– a funcionarios mexicanos por ser responsables de permitir a subordinados matar, torturar y secuestrar a civiles.

En tanto, la Secretaría de Gobernación respondió que la política de seguridad aplicada de ninguna manera constituye un crimen internacional; por el contrario –sostuvo–, todas sus acciones están encaminadas a detener a las organizaciones criminales y proteger a todos sus ciudadanos.

Como en otras respuestas a denuncias internacionales, la administración calderonista asegura que las fuerzas armadas participan en tareas de seguridad pública a petición y en coordinación con estados y municipios, de manera temporal y sin sustituir a las autoridades locales en el ejercicio de sus funciones. Argumenta que, por el contrario, realiza una valiosa labor en la detención de importantes líderes de organizaciones criminales, y desmantelando sus estructuras logísticas, financieras y administrativas.

En un comunicado de seis puntos, Gobernación reitera que en México, como nunca antes, se aplica de manera creciente una política pública tendente a fortalecer el estado de derecho y a respetar las garantías fundamentales.

En este sentido, puntualiza las recientes reformas, particularmente en materia de derechos humanos, y asegura que el Estado mexicano mantiene una política de apertura al escrutinio internacional y a la cooperación con organismos mundiales de derechos humanos.

Precisa que, en seguimiento a esta política, se mantiene una relación de estrecha cooperación y diálogo con la Corte Penal Internacional. Señala que el Ejecutivo presentó una iniciativa en el Senado para generar una ley de cooperación con ese tribunal. Agrega que el Estado mexicano realiza diligentemente todas las acciones necesarias para investigar, procesar y, en su caso, sancionar a los responsables de cualquier conducta delictiva y/o violatoria de los derechos humanos.

Afirma que la jurisdicción de la CPI es complementaria a las nacionales y, por ende, actúa sólo cuando un Estado no cuenta con la capacidad o disposición de hacerlo en casos que pudieran constituir crímenes internacionales.

En México no existe falta de voluntad ni de capacidad operativa para realizar investigaciones de cualquier índole... para que se configuren los crímenes de guerra y lesa humanidad se requiere la existencia de un contexto específico que no tiene lugar en el país, se señala en el boletín emitido anoche en momentos en que aún no ha sido nombrado el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la SG, a dos semanas del fallecimiento de Felipe Zamora.