Empresas inmobiliarias, instituciones financieras, representantes sindicales y algunos notarios podrían estar involucrados en el fraude que durante al menos seis años –2003 a 2008– se cometió en contra del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) y que ahora se pretende reparar con cobros ilegales y demandas penales contra los asalariados beneficiarios de créditos hipotecarios obtenidos en ese periodo.

Las irregularidades en el manejo de los recursos del Fovissste fueron detectadas por la Secretaría de la Función Pública (SFP), que ordenó al organismo la recuperación del dinero otorgado en exceso, por un monto que hasta ahora no se ha dado a conocer, pero que para los trabajadores afectados por el fraude representa la pérdida de su patrimonio y hasta de su libertad.

Y es que la amenaza del Fovissste es clara: o pagan antes del 30 de enero de 2012 la totalidad del dinero que se les otorgó de más, o el instituto procederá penalmente en su contra. Muchos de ellos, sin embargo, ni siquiera han podido contar con ese plazo, pues ya existen averiguaciones previas en contra de mil 200 individuos –según les informó la SFP– e incluso varios de ellos ya están en el reclusorio.

Un grupo de afectados desmintió así las declaraciones del ex director del Issste, Jesús Villalobos López, quien en días pasados aseguró que el Fovissste ya había otorgado el perdón a los servidores públicos que de manera voluntaria se presentaron para restructurar su deuda, y quienes en realidad son víctimas, pues obtuvieron préstamos hipotecarios calculados por encima de su capacidad de pago.

Los trabajadores dicen que pueden continuar con el pago de su deuda en los términos contratados originalmente. Algunos sí tuvieron conocimiento de la ampliación del monto del crédito, porque así se los ofreció la inmobiliaria o sus representantes sindicales. En otros casos, fue el notario el que se hizo cargo de realizar los trámites.

Ninguno de los beneficiarios realizó trámite alguno, más allá de entregar sus documentos y sólo les llamaron para informarles de la fecha y lugar al que acudirían para la firma de escrituras. Coinciden también en que este trámite, que normalmente puede durar varias horas, para ellos tardó, quizá, 15 minutos, porque nos leyeron sólo lo más importante y firmamos.

En todos los casos, los servidores públicos tuvieron conocimiento del monto del préstamo y de que lo pagarían mediante descuentos de 30 por ciento de su salario en un plazo de 30 años, pero nosotros ni hicimos las cuentas ni llevamos los documentos al Fovissste. Eso lo hizo la notaría o la inmobiliaria o a saber quién.

Lo cierto es que aunque han estado cubriendo el adeudo, el pasado julio el Fovissste envió notificaciones a los derechohabientes en los que les comunica que obtuvieron un crédito por un monto mayor al que les correspondía y que con los niveles de descuento a su salario no alcanzarán a cubrir la deuda en el plazo previsto, lo cual afecta el patrimonio del fondo.

Esa es la razón de que algunos estados de cuenta aparecen con datos nuevos: el saldo de la deuda y otro concepto denominado demasía, el cual va de 200 mil a 500 mil pesos aproximadamente. Para otros empleados esto se tradujo en el incremento del descuento que el Fovissste aplica a sus salarios y de 30 pasaron a 50 por ciento.

Todavía más raro resulta que haya otros servidores públicos que saben que obtuvieron uno de esos créditos irregulares pero no están todavía en el grupo de los perseguidos por el fondo.

En agosto de 2011 surgió la Unión de Trabajadores Afectados por Fovissste, que agrupa a unas 500 personas con el mismo problema y sobre las cuales pesa la misma amenaza. Para todos ha sido una sorpresa su involucramiento en el fraude, pero sobre todo que se les pretenda acusar de un delito que no cometieron.

Los que les ha tocado presentarse ante el Ministerio Público y tener acceso a su expediente constataron que las pruebas en su contra son comprobantes de ingresos alterados, avalúos de la propiedad adquirida diferentes a los que ellos tuvieron conocimiento. Y subrayan: No existe posibilidad alguna de que yo haya cometido el fraude. Yo no entregué documentos a Fovissste ni ingresé los datos al sistema.