La inseguridad en México ha propiciado fuerte demanda de servicios de blindaje de unidades automotrices. En el último año más funcionarios de todos los niveles de gobierno, así como empresarios de corporaciones y familias de alto poder adquisitivo, solicitan paquetes de blindaje más sofisticados, dijo Fernando Echeverri Posada, presidente de la Asociación Mexicana de Blindadores de Automotores (AMBA).

Las empresas blindadoras notaron el cambio en las peticiones de los clientes: si antes adquirían el nivel básico de protección, ahora solicitan el más alto.

Los niveles de blindaje son seis y el número mayor se utiliza contra disparos de armas potentes. Los niveles uno y dos son básicos, el nivel tres es adecuado contra disparos de pistola, pero del cuatro al seis son recomendados contra rifles de alto calibre, explicó el directivo.

Los clientes más comunes son los empresarios de grandes corporaciones. Pero hay una tendencia al alza de grupos familiares de elevado poder adquisitivo y de funcionarios de los niveles de gobierno municipal, estatal y federal.

Echeverri Posada explicó que hasta hace unos años el blindaje era prácticamente exclusivo para el jefe del Ejecutivo y secretarios de Estado. Ahora, presidentes y servidores públicos de distintos rangos en municipios y estados acuden con más frecuencia a solicitar blindaje de los mayores niveles de seguridad, abundó.

Lo que marca es que la situación empeora y la amenaza es más grave. En la medida en que el cliente busca mayor protección, quiere decir que su enemigo es más fuerte, dijo Echeverri Posada.

El agravamiento de la inseguridad ha generado, además, la proliferación de empresas blindadoras piratas, las cuales ofrecen precios inferiores a los del mercado y no cumplen con las especificaciones mínimas de protección, alertó el directivo de la AMBA.

Los blindajes en esas empresas piratas se realizan de manera incompleta, sin los materiales certificados y sin la mano de obra calificada, denunció.

Aunque no existe una cifra exacta, el directivo estimó que habrían al menos 20 empresas que no se encuentran dentro de la legalidad.

La organización pronostica ingresos por cien millones de dólares en las compañías afiliadas a la AMBA, lo cual significaría un aumento de 20 por ciento respecto al año pasado.