l pasado 24 de noviembre se dio a conocer a la opinión pública la novena Encuesta sobre percepción de inseguridad ciudadana en México, ejercicio estadístico realizado de manera conjunta por la asociación México Unido Contra la Delincuencia y la empresa especializada en estudios de mercado y opinión pública Consulta Mitofsky. Desde 2007, las citadas instituciones han presentado una serie de encuestas trimestrales con el propósito de mostrar cuál es la percepción de los mexicanos respecto de la seguridad, el combate al crimen organizado y la cultura de la legalidad, entre otros temas.
La encuesta, realizada durante octubre, señala en lo referente al apartado percepción de inseguridad
que ocho de cada 10 mexicanos consideran que la seguridad hoy es peor a la que se vivía un año; que el principal problema del país es la inseguridad, con 35 por ciento de las menciones, frecuencia que es mayor a la obtenida en este aspecto desde 2007.
En el apartado denominado cercanía con el delito
, tres de cada 10 consultados afirman que ellos o algún familiar han sido víctimas de algún delito en los últimos tres meses, mientras uno de cada cuatro ciudadanos indicó haber conocido a alguna de las personas que han fallecido por la guerra contra el narcotráfico.
En el renglón cambio de hábitos
, 65 por ciento de los encuestados ha reducido el monto de dinero en efectivo que trae consigo; 57 por ciento prefiere no usar joyas; 45 por ciento ha decidido no salir de noche; 43 por ciento ha prohibido a sus hijos salir a la calle; 30 por ciento ha decidido no usar taxis, y 27 por ciento, dejar de hacer visitas a amigos o parientes.
En el capítulo combate a la inseguridad
llama la atención que 44 por ciento de los mexicanos consideran que los operativos emprendidos por el gobierno federal han sido un fracaso. En ese sentido, 70 por ciento está de acuerdo en que el Ejército sea la institución que combata al crimen organizado; sin embargo, este porcentaje ha disminuido con respecto al de 2007, el cual se ubicó en 84 por ciento.
Al preguntar a los ciudadanos sobre si al final del sexenio el presidente Felipe Calderón ganará la guerra contra el crimen organizado, sólo 14 por ciento piensa que ello ocurrirá, mientras 44 por ciento de los encuestados se inclinan a pensar que las cosas seguirán igual y 30 por ciento que la situación incluso empeorará.
Sin embargo, llama la atención que sobre las propuestas para acabar con la violencia generada por el narcotráfico, 86.3 por ciento está de acuerdo con incrementar la presencia militar, 37.4 por ciento con permitir la presencia de agentes estadunidenses trabajando en México, 33.5 por ciento con legalizar las drogas y 32.6 por ciento considera como solución negociar o hacer pactos con las bandas del crimen organizado; de ese porcentaje 34.2 por ciento correspondió a la zona norte del país, 29.6 al Bajío, 35.2 a la zona centro y 29.5 al sureste.
Las cifras que arrojó la citada encuesta reflejan la dimensión real de la problemática de la violencia derivada de la lucha contra el narcotráfico; representa elementos que pueden ser entendibles en el contexto de una sociedad harta, que hasta la década pasada vivía en mejores condiciones; no obstante hoy, bajo la perspectiva de inseguridad, considera optar por soluciones como la negociación o el pacto con los criminales, lo cual significaría la capitulación del gobierno y de la sociedad misma, al reconocer que es imposible ganar la lucha contra el narcotráfico.
En los últimos años se han llevado a cabo diversos ejercicios de diálogo y consultas entre el gobierno y la sociedad organizada, mediante los cuales se han planteado diversas soluciones a esa problemática del país; no obstante, solamente el crimen organizado ha logrado desarrollarse, generando un mayor nivel de violencia e incrementando el tráfico de estupefacientes, lo que en consecuencia ha intensificado la incertidumbre y la zozobra en la sociedad, con mayor incidencia en los estados fronterizos.
Hoy el crimen organizado amenaza también a la clase política, incluso a sus familias. Por ello, algunos gobernadores, como los de Sinaloa y Nuevo León, han optado por enviar a sus familias a Estados Unidos. Si los funcionarios prefieren exiliar a su primer círculo, ¿qué podemos esperar los ciudadanos?
Las consecuencias de no actuar a tiempo y de manera eficaz están teniendo un costo muy alto para el país.
*Analista en temas de seguridad y justicia
