La Secretaría de Educación Pública (SEP) y el sindicato magisterial que encabeza Elba Esther Gordillo comenzaron los trámites para aplicar la evaluación universal a los maestros, mediante la distribución, en las diferentes entidades, de una cédula de registro con la que buscan levantar un censo de los docentes de primaria, quienes serán los primeros en realizar la prueba el 24 de junio del próximo año, de acuerdo con la documentación entregada.

Lo anterior, señalaron los abogados que llevan la demanda interpuesta por los maestros disidentes en contra de dicho examen, es una maniobra ilegal de la SEP para sorprender y detener la inconformidad del magisterio en relación con este proceso y desactivar la presentación de la segunda entrega de demandas, el próximo 2 de diciembre.

Acusaron que mediante los directores, los delegados de zona, supervisores y otros integrantes de la jerarquía escolar afín al charrismo sindical, se comenzó a entregar esta cédula a los docentes, la que deben regresar en una semana con la información solicitada. Esto bajo presiones y amenazas.

Según los formatos, serán los mentores quienes seleccionarán el centro de aplicación donde efectuarán la evaluación.

En las llamadas cédulas de registro para el censo de docentes de educación primaria –cuya copia tiene este diario–, repartidas en los estados de San Luis Potosí, Morelos y Puebla, entre otros, la SEP y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) piden a los maestros los siguientes datos: fecha y entidad de nacimiento; años en el servicio docente, y función, ya sea directivo, maestro frente a grupo o de apoyo técnico pedagógico.

También se les solicita información sobre su grado máximo de estudios. Y, para ello, hay tres rubros a escoger: inconcluso, pasante y titulado. Los profesores deben señalar el nombre de su centro de trabajo, el turno, la localidad, el municipio, la región y la zona escolar.

Los documentos contienen un folio y un talón. Se les indica que con el número de folio o la clave única de registro de población (CURP) podrán actualizar la información aquí requisitada, a partir del próximo enero, en la dirección electrónica creada ex profeso para la evaluación universal.

El presidente de la Unión de Juristas de México, Eduardo Miranda Esquivel, exhortó a los docentes a rechazar el llenado del documento y abstenerse de entregarlo, porque de hacerlo estarían aceptando la evaluación y renunciar a los derechos que han adquirido.

Sugirió esperar el acuerdo de admisión de la demanda laboral contra la SEP, presentada el pasado 18 de noviembre por más de 50 mil mentores, en la que solicitaron una medida provisional de suspensión de la prueba.

El pasado 31 de mayo, el presidente Felipe Calderón y la lideresa magisterial, Elba Esther Gordillo, anunciaron el acuerdo que obliga al millón 200 mil maestros de educación básica a someterse a la evaluación cada tres años. Se aplicará a todos los profesores de escuelas públicas y privadas de manera escalonada, pero en el actual ciclo escolar lo deberán presentar los docentes de primaria; en el periodo 2012-2013, los de secundaria, y en el 2014-2015 los de educación inicial, prescolar y enseñanza especial.

De acuerdo con las estimaciones de la SEP, en agosto pasado cerca de 575 mil maestros de primarias públicas y privadas aplicarían el examen, aunque la cifra podría cambiar según la conformación del citado censo.

El examen sólo cuenta cinco de los 100 puntos que se evaluarán a los mentores. En cambio asigna 50 puntos al aprovechamiento escolar de los alumnos, 20 a la formación continua, cinco a la antigüedad y 20 a las actividades cocurriculares. En estas últimas califica la vocación de líder social del maestro más allá de las aulas y en las comunidades, aseguró Calderón al presentar el programa.

A partir del anuncio, la medida fue cuestionada no sólo por los maestros disidentes, sino por expertos en educación, quienes alertaron que con esta medida el SNTE permitirá el despido de mentores a cambio de incluir en los nuevos esquemas actividades políticas que terminarán en trabajo de promoción electoral, conveniente a los intereses de Gordillo.