El epicentro de la corrupción en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se encuentra en los contratos leoninos que ha otorgado a trasnacionales del sector energético, mediante los cuales transfirió 68 mil millones de pesos anuales a estas empresas privadas, así como en las compras de gas que se pactaron con Repsol, energético que se trae desde Perú con sobreprecio de 100 por ciento. Esas condiciones las pagan los consumidores, mediante un costo de la energía sumamente elevado.

Tras señalar lo anterior, el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza, sostuvo en conferencia de prensa que su organización espera la reunión con los titulares de Gobernación, Energía y con el jefe del gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, para que se les entregue la propuesta de reinserción laboral de 16 mil 599 trabajadores que prometió el gobierno federal. Agregó que si el gobierno no cumple con su compromiso, el gremio convocará de inmediato a movilizaciones.

Ante la prensa Esparza indicó que el presidente Felipe Calderón sabía de las acciones de corrupción en la paraestatal, ya que antes del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC), en 2009, se le entregó en la Presidencia de la República un extenso expediente sobre las anomalías e irregularidades que en la CFE, con los fraudes cometidos bajo el mandato del ex director general de la paraestatal, Alfredo Elías Ayub, y su director de Operación, Néstor Moreno Díaz, así como del ingeniero Jorge Gutiérrez Vera, ex director de LFC, con la complicidad de la cabeza del sector, la ex secretaria de Energía, Georgina Kessel, quienes deben ser investigados a fondo.

A su vez, el secretario del exterior, Humberto Montes de Oca, sostuvo que el quebranto por mil 300 millones de pesos en contra de la CFE es parte de un abierto despojo de funcionarios corruptos, ligados a los intereses de las empresas privadas nacionales y extranjeras, que a costillas de la privatización del patrimonio de los mexicanos se enriquecen con la tolerancia y complicidad de los órganos de fiscalización de la Federación. Lo mismo sucede en la CFE que en Petróleos Mexicanos, sostuvo.

La extinción de LFC, dijo, fue el pretexto para el robo en despoblado de los bienes eléctricos de la nación, pues a la fecha no hay inventarios del valor de los activos de que se despojó a LFC; no hay rastro del patrimonio industrial de su infraestructura; no hay huella del fondo de reserva de jubilación, lo cual constituye un fraude financiero de los administradores de esa paraestatal con la complicidad del gobierno federal, advirtió.

Martín Esparza remató al señalar que a la par de todo este daño patrimonial se ha generado un deterioro del servicio, y a ello se deben las explosiones en el Distrito Federal y áreas conurbadas, con los consiguientes daños económicos a hogares y empresas, y el riesgo para los habitantes.