El activista social Nepomuceno Moreno Muñoz, quien había pasado cinco años en la cárcel, fue asesinado este lunes en la colonia Centenario, en la zona centro de Hermosillo, por hombres no identificados que viajaban en un vehículo desde el cual abrieron fuego en repetidas ocasiones.

Moreno Muñoz, de 56 años, se había convertido durante el último año en activista social y había participado en protestas frente al palacio de gobierno estatal en Hermosillo para denunciar la desaparición de varios jóvenes en Ciudad Obregón, presuntamente a manos de autoridades e integrantes del crimen organizado.

El también integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) participó en octubre pasado en el último diálogo público que tuvo la organización con el presidente Felipe Calderón, a quien solicitó formalmente que se le otorgaran medidas cautelares por las amenazas que había tenido. Calderón instruyó al entonces secretario de Gobernación, Francisco Blake, a garantizarle la seguridad, pero hoy Nepomuceno Moreno Muñoz está muerto.

Pietro Ameglio, del MPJD, lamentó el asesinato y destacó que el activista siguió no sólo el caso de su hijo, en el que testificó contra algunos involucrados en el caso para evitar la impunidad, sino también otros casos de la organización. Si el gobierno es incapaz de garantizar seguridad a quienes tratan de evitar la impunidad de los delitos, denunciando a los involucrados, cómo esperar justicia, dijo.

El MPJD se plantó en la sede de la representación del gobierno de Sonora para exigir seguridad para la familia y durante el entierro de Moreno Muñoz que se efectuará este martes en la entidad. El activista sonorense participó en el movimiento desde la marcha de Cuernavaca a la ciudad de México, además de acudir a las dos caravanas realizadas por esa organización.

Segundo integrante del MPJD ejecutado en poco más de un mes

Moreno Muñoz es el segundo activista del MPJD ejecutado en poco más de un mes. El 7 de octubre fue asesinado Pedro Leyva, de la comunidad indígena michoacana de Ostula, quien era un participante activo en la Comisión para la Defensa de los Bienes Comunales, considerado por el MPJD como una de las experiencias de autoprotección ciudadana más exitosa. En su momento denunciaron la gravedad del hecho, porque se trataba de intimidar a la comunidad indígena. En el caso de Moreno, el MPJD se puso en contacto con Pro Víictima para que coadyuva- ra en el otorgamiento de las medidas cautelares para la familia.

El 5 de septiembre, durante su participación en varias protestas en Hermosillo, Moreno Muñoz junto con otros padres de familia denunció que autoridades de la propia procuraduría estatal y de la policía municipal de Ciudad Obregón, municipio de Cajeme, participaron en la desaparición de cinco jóvenes, entre ellos su hijo Jorge Mario Moreno León, el primero de julio de 2010.

Nepomuceno Moreno fue asesinado este lunes a las 12:15 horas cuando conducía una camioneta pick up modelo 1997 en la colonia Centenario, a seis cuadras del centro histórico de Hermosillo. En el lugar quedaron siete casquillos percutidos calibre 40 milímetros.

En septiembre, durante una protesta frente al palacio estatal en Hermosillo, señaló que su hijo y otros cuatro jóvenes acudieron el 1º de julio de 2010 a una fiesta de graduación en Ciudad Obregón, donde fueron secuetsrados por policías municipales y al menos uno de ellos fue asesinado y del resto se desconoce el paradero.

En esa ocasión expuso que tras constatar la inmovilidad de las autoridades se puso a investigar por su cuenta y encontró pruebas de que los jóvenes fueron secuestrados por policías, quienes incluso siguieron hasta otro municipio aledaño (Vícam), a su hijo Jorge Mario, luego de que éste había logrado escapar de sus captores minutos antes.

Según contó en esa ocasión, en una tienda Oxxo se escondía el joven luego de escapar de sus captores, pero hasta ahí llegaron los agentes de la ley para llevarse a su hijo. Ahí también varios testigos anotaron los números de las patrullas que participaban en la detención, dijo.

Indicó que contaba con registros telefónicos que demostraban que desde oficinas de la propia procuraduría se realizaron llamadas el mismo primero de julio del 2010, para negociar la liberación de su hijo, en ese momento el desconocía que las llamadas procedían de ese sitio.