San Mateo del Mar, Oaxaca., 27 de noviembre. La necesidad de articular las luchas regionales contra la invasión y el despojo de tierras, territorios y lugares sagrados de los pueblos indígenas que hacen empresas trasnacionales, apoyadas por los gobiernos federal, estatales y municipales, así como de impulsar una etapa de movilizaciones locales, regionales y nacionales para lograr la cancelación de los megaproyectos que los afectan, fue planteado por representantes de pueblos y organizaciones de Chiapas, Distrito Federal, estado de México, Veracruz, Jalisco, Morelos, Puebla y Oaxaca.

Unos 400 participantes en el Taller Nacional de Diálogo y Reflexión sobre el Impacto de las Empresas Trasnacionales en las Regiones indígenas de México, convocado por la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio, las autoridades agrarias y municipales de San Mateo del Mar y el Congreso Nacional Indígena, exigieron, asimismo, la expulsión definitiva de dichas multinacionales –mineras, de energía, constructoras, entre otras– de su territorio.

En la plenaria final se recordó, en un pronunciamiento, el centenario de la firma del Plan de Ayala, con la aún vigente aspiración de Tierra y Libertad, y saludaron el 28 aniversario de la fundación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y su lucha actual por el ejercicio de la autonomía desde sus caracoles, municipios autónomos y juntas de buen gobierno.

En el taller, que dio inicio ayer, se discutió en cinco mesas la problemática de los pueblos autóctonos y organizaciones sociales de diversas regiones.

Entre las conclusiones se planteó exigir la cancelación de las averiguaciones previas en contra de integrantes de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio, como Guadalupe Ramírez Castellanos, Miriam Sánchez Zárate, Bettina Cruz Velásquez, Maribel González Pedro, Omar Pineda Alonso, Juan Regalado Martínez, Rodrigo Flores Peñaloza y Filiberto Vicente Aquino.

Se demandó la suspensión y cancelación definitiva del megaproyecto Corredor Eólico del Istmo en los territorios ikoots (huave), binnizá (zapoteco del Istmo) y afromestizos en los municipios de Unión Hidalgo, Juchitán, Xadani, Álvaro Obregón, San Dionisio del Mar, Santa María del Mar, San Francisco del Mar y Santo Domingo Ingenio, del estado de Oaxaca, en el s0ur del istmo de Tehuantepec.

Pidieron cancelar el megaproyecto carretero Arco-Sur, en el Distrito Federal, Morelos, Puebla y estado de México, porque genera violencia, divide a las comunidades, trae problemas de abasto de agua a los habitantes de la ciudad de México y zonas rurales, y destruye flora y fauna.

También exigieron suspensión definitiva del proyecto hidroeléctrico Paso de la Reina, que se pretende construir en el río Verde, en la costa de Oaxaca, mismo que, afirmaron, violenta los derechos colectivos de los pueblos ñuhu, sabi, chatinos, afromexicanos y mestizos habitantes de esa región, así como la ampliación de la Autopista Panamericana y de la construcción del puente que divide geográficamente a la población de Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca.

Reclamaron respeto a la tierra comunal de Nextipayac, municipio de Atenco, estado de México, donde la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pretende despojar de más de 300 hectáreas al ejido, según denunció el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, de Atenco.

Demandaron además la libertad de Alberto Patishtán y todos los presos de la Voz del Amate y solidarios en el estado de Chiapas.

En un pronunciamiento, los/las participantes en el taller denunciaron igualmente la criminalización de luchadores indígenas de las comunidades y pueblos de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec, que resisten contra la imposición y despojo de sus tierras.

Ante las agresiones que sufre el pueblo nahua de Ostula, Michoacán, por la defensa de sus tierras comunales, exigieron a los gobiernos federal, estatal y municipal el esclarecimiento y castigo a los responsables del asesinato del comunero Pedro Leyva; no más violencia y respeto y reconocimiento a su autonomía y a su guardia comunal, que defiende y protege su territorio ancestral, así como el castigo a los responsables de los asesinatos y la presentación con vida del comunero Francisco Asís Manuel Bautista.

Denunciaron el voraz despojo de territorios y espacios sagrados que promueven empresas como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Iberdrola, Acciona-Cemex, CISA-Gamesa, Fuerza Eólica del Istmo, Generadora de Energía de Oaxaca, Acciona, Demex, Energía Limpia de CISA-Gamesa, Renovalia Energy, Vientos del Istmo, FEMSA-Macquaire, EDF-EVM Eoliatec del istmo, todas ellas participantes en el corredor eólico del istmo.

Demandaron el cese a la represión contra la Red Nacional del Movimiento de Resistencia contra las altas tarifas de Luz, ya que la CFE ha presentado denuncias penales por robo de energía, tanto en el sur de Veracruz –Agua Dulce y Las Choapas– como en Chihuahua, en Campeche, en el estado de Mexico y en el istmo oaxaqueño, y pidieron el desistimiento de las demandas contra dirigentes como Nataniel Hernández, director del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa de la Costa de Chiapas y de Evelio Mérida, de las comunidades rurales de Minatitlán, Veracruz.

El Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra, del estado de México, denunció las presiones y amenazas de la policía estatal y de los representantes de bienes comunales de El Núcleo, de San Francisco Xochicuautla, municipio de Lerma, estado de México, donde se han dado enfrentamientos entre ciudadanos de la comunidad y la policía estatal, así como intimidaciones a comuneros que se oponen a la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan, en los tramos Xochicuautla-Huitzizilapan, y las presiones y hostigamiento de la Procuraduría Agraria y de la empresa constructora denominada Autovan (Autopistas de Vanguardia).