uego del homicidio del activista Nepomuceno Moreno Muñoz, ocurrido anteayer en Hermosillo, Sonora, la Procuraduría General de Justicia de esa entidad afirmó que la línea más fuerte de investigación es la relacionada con el crimen organizado, debido a que la víctima había purgado condena por delitos de portación de arma de fuego, estuvo involucrado en una balacera y tenía aproximadamente un año y medio que salió de la cárcel.

Es pertinente recordar que el antecedente referido por la dependencia estatal –Moreno Muñoz pasó, en efecto, cuatro años en prisión– se saldó en 2009 con la determinación de la inocencia del activista por parte de un juez y con su inmediata liberación, por lo que la conversión de ese episodio en la línea de investigación más fuerte denota un prejuicio y distorsión graves en el desempeño de la procuraduría sonorense.

Pero incluso si las imputaciones de vínculos con la delincuencia organizada en contra de Nepomuceno Moreno fueran ciertas, ello no cancelaría la grave responsabilidad –así sea por omisión– que recae en el gobierno local por este asesinato: al final de cuentas, el precedente inmediato del asesinato de Moreno Muñoz no es su supuesta participación en hechos delictivos, sino sus denuncias por la desaparición de su hijo Jorge Mario, el primero de julio de 2010, a manos de presuntos policías, por las amenazas anónimas que había venido recibiendo y por la actitud omisa de las autoridades a esclarecer esos hechos.

La sola mención de los presuntos antecedentes penales de Moreno Muñoz por la procuraduría estatal parece, pues, un nuevo intento por criminalizar a la víctima de un delito, por eludir las obligaciones de la autoridad de realizar investigaciones serias y cabales de los hechos y por escamotear, en suma, el esclarecimiento y la justicia para la víctima y sus deudos.

Por otra parte, no puede soslayarse la cuota de responsabilidad que corresponde al gobierno federal por este crimen. Como integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Moreno Muñoz participó en el segundo encuentro entre intgrantes de ese movimiento y autoridades federales en el Castillo de Chapultepec.

Allí, como lo recordó ayer Javier Sicilia, Moreno Muñoz expuso su caso al titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa: Señor, estoy buscando a mi hijo y estoy amenazado de muerte, le dijo. También informó de su situación al gobernador sonorense, Guillermo Padrés Elías. Ambos interlocutores le ofrecieron apoyo. A eso debe añadirse que el ahora asesinado presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República por las amenazas que recibía y contra los responsables de la desparición de su hijo.

Hoy, sin embargo, mes y medio después del segundo encuentro de Chapultepec, se constata el grado de vulnerabilidad que enfrentan en este país los activistas sociales, los defensores de derechos humanos y prácticamente cualquier ciudadano que decida alzar la voz y reclamar justicia, como fue el caso de Marisela Escobedo Ortiz, asesinada en diciembre del año pasado frente al palacio de gobierno de Chihuahua cuando protestaba por el asesinato de su hija Rubí.

Es inevitable ver, en esta circunstancia, un mensaje ominoso de las autoridades de los distintos niveles de gobierno a quienes han protagonizado en meses recientes movilizaciones por la pacificación del país, por el esclarecimiento de los delitos y por la protección de las víctimas.

En suma: el homicidio de Nepomuceno Moreno pone en tela de juicio los alegatos formulados durante los pasados cinco años sobre acciones gubernamentales pretendidamente orientadas al fortalecimiento de seguridad, al combate a la criminalidad organizada y al restablecimiento de la legalidad y el estado de derecho: semejantes reivindicaciones verbales carecen de sentido si no se empieza por garantizar el respeto a la más básica de las garantías consagradas en la Constitución: el derecho a la vida.

El fracaso de las autoridades federales, estatales y municipales a este respecto evidencia la faceta demagógica de la estrategia de seguridad en curso.