El Congreso de Michoacán dio ayer primera lectura a una iniciativa de reforma a la Ley de Deuda Pública estatal, que de aprobarse permitiría al gobierno de Leonel Godoy solicitar un crédito de 3 mil millones de pesos, con los cuales solventaría sus compromisos financieros durante los dos meses y medio que le restan.

De acuerdo con la ley actual, el gobierno de Michoacán no puede solicitar un crédito del sector público cuando le resten menos de seis meses. Godoy busca financiamiento después de que el gobierno federal se negó a entregarle recursos para saldar deudas y garantizar el pago de salarios y aguinaldos de la burocracia estatal y de al menos 70 ayuntamientos.

El mandatario se ha reunido con el presidente Felipe Calderón y con otros funcionarios para pedirles que se depositen fondos federales omitidos desde hace meses, los cuales suman casi mil 500 millones de pesos.

Las bancadas de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) declararon ayer que sólo aprobarán la iniciativa del gobernador si les explican en forma detallada la situación financiera de la entidad, pues consideran que la información ha sido incompleta.

En tanto, 7 mil 800 agremiados al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo de Michoacán realizaron ayer un paro de ocho horas para exigir al gobierno estatal que cubra el adeudo de 100 millones de pesos con la Dirección de Pensiones Civiles.

Los únicos burócratas que laboraron en Morelia, la capital michoacana, fueron los empleados de la Administración de Rentas, así como de Protección Civil y Seguridad Pública.

El gobierno estatal pidió a sus trabajadores solidaridad con Michoacán ante los descuentos del el gobierno federal.

Guanajuato solicitará crédito

El Poder Legislativo de Guanajuato autorizó al gobierno estatal panista contratar un crédito bancario por 800 millones de pesos para solventar los gastos del ejercicio fiscal 2011, pasivo que se sumará a la actual deuda pública, de 6 mil millones de pesos. Este crédito será independiente de la deuda de mil millones de pesos que se prevé contratar en el presupuesto de 2012.

Antes del 31 de diciembre el Ejecutivo deberá firmar todos los contratos que justifiquen la aplicación de los recursos y ofrecer una explicación detallada de los gastos; de lo contrario, la autorización del empréstito quedará sin efecto.