Los subsidios del gobierno a los productores agropecuarios reactivan la economía, pero al mismo tiempo provocan de forma indirecta un mayor índice de deforestación, al incentivar el cambio de uso de suelo de los bosques y selvas, por lo que es urgente armonizar ambos aspectos.

Así lo advirtió Carlos Muñoz Piña, director de investigación en política y economía ambiental del Instituto Nacional de Ecología (INE), quien participó en la presentación del Índice de presión económica a la deforestación, instrumento que predice cuáles son las zonas donde este fenómeno será más grave en los próximos años.

Los subsidios agropecuarios tienen la buena intención de apoyar a los productores, pero al mismo tiempo causan más deforestación por el cambio de uso de suelo. Por eso hay que dar esos apoyos de forma estratégica, para no descuidar ninguno de los dos aspectos, aseveró en entrevista con La Jornada.

Para frenar esta tendencia, el Índice de presión económica puede mostrar con alto grado de precisión dónde es más probable que, por razones productivas, los dueños de los bosques y selvas cambien el uso de suelo para generar más terrenos agropecuarios o urbanos, con la pérdida de biodiversidad y afectaciones en la recarga de acuíferos que ello implica.

La versión 2.0 de este modelo, desarrollado por el INE y académicos de diversas universidades, puede ayudar a diseñar políticas públicas eficientes contra la deforestación, dirigirlas adonde hacen más falta y evaluar los resultados de las que ya se han puesto en marcha.

El mecanismo divide el nivel de deforestación en cinco niveles (muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto) y en los años venideros se enriquecerá con nuevas variantes sociales, como los conflictos agrarios o la acción de la delincuencia organizada, para tener mayor poder explicativo y predictivo.

Por su parte, el director de la Comisión Nacional Forestal, Juan Manuel Torres Rojo, subrayó que 90 por ciento de la pérdida de árboles está ocurriendo en las zonas tropicales del país, sobre todo en los litorales de Veracruz, Chiapas, Jalisco y Yucatán, y coincidió en la urgencia de equilibrar las actividades económicas con el cuidado de la riqueza medioambiental.

Recordó que más de 75 por ciento de las selvas y bosques de México están en manos de ejidos y comunidades, con quienes habría que trabajar con más fuerza, y aseveró que el índice constituye una excelente herramienta para identificar las causas de la deforestación y mejorar las políticas públicas en la materia.