lentadora ha sido la jornada de movilización contra el decreto antisindical emitido por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal (JLCADF). En sólo tres semanas convocó a sindicatos, organizaciones no gubernamentales, académicos, abogados democráticos y ciudadanos, todos defendiendo el derecho de los hombres y mujeres de nuestra ciudad a organizarse libremente en defensa de su salario y sus condiciones de trabajo. Buena noticia fue la acertada protección constitucional otorgada por los jueces primero y sexto de distrito en materia de trabajo en el Distrito Federal y el pronunciamiento unánime de la Asamblea Legislativa.

Cada vez es más claro no sólo el carácter ilegal de este decreto, sino la red de intereses que motivaron su aprobación; así quedó de manifiesto en la reunión del pleno de este tribunal, realizada el pasado 1º de diciembre, convocada por el presidente de la junta para revisar o revocar dicho decreto; los representantes del sector patronal generaron una contraofensiva e impidieron el regreso a la legalidad. Ahora resulta que son estos representantes los que están decidiendo la suerte sindical de los trabajadores. Por cierto, las centrales obreras tradicionales no han dicho hasta ahora esta boca es mía, ni siquiera para despistar.

Conviene subrayar que existe la equivocada idea de que todos los problemas laborales y sindicales son de carácter federal. En razón de la división de competencias, al gobierno de la ciudad le corresponde administrar la justicia y promover las acciones necesarias para las ramas de actividad local; se trata de miles de centros laborales en los que impera una gigantesca red de corrupción, que priva a los trabajadores del derecho a decidir el gremio de su preferencia, donde operan sindicatos fantasma que extorsionan a empresas y particulares hasta en la más modesta obra de construcción familiar. Camine usted por las calles de nuestra ciudad; imagínese qué tipo de relaciones laborales hay en cada comercio, en cada taller, en cada supermercado. Esta red de intereses que inhibe la posibilidad de un modelo laboral justo, sostenible y socialmente productivo no puede ser tolerada con la excusa de que es un mal necesario o un tema espinoso que es mejor soslayar para no inquietar a los empresarios.

Un factor que impide el diseño de una política laboral justa consiste en que los empleadores, incluyendo el propio gobierno, buscan evitar que salgan a flote las omisiones laborales en que incurren. Esta contradicción existe en los medios de comunicación; con motivo del decreto antisindical de la JLCADF, una periodista nos decía: En nuestro diario se prefiere no tratar estos temas, porque nuestro director también tiene un contrato de protección patronal para impedir cualquier intento de organización. Nos tienen también impuesto un representante sindical que designó el abogado de la empresa. El contrato colectivo ni lo conocemos, pero sabemos que está depositado en la propia Junta Local. ¡Qué bueno que en La Jornada exista un sindicato democrático y no haya resistencia para tocar estos temas; por el contrario, se promueve su discusión sin tapujos!

Una política laboral para la ciudad depende, como buena parte de la gestión pública, de la asignación presupuestal. La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, por ejemplo, carece de los medios elementales para cumplir sus fines; basta señalar que la inspección laboral, instrumento fundamental para vigilar el respeto a las normas de trabajo, prácticamente no existe, entre otras causas, por falta de recursos. La Organización Internacional del Trabajo ha recomendado la existencia de cuatro inspectores por cada 100 mil empleados, en nuestra ciudad hay sólo 28 para 4 millones. Según datos de la Secretaría del Trabajo local, cada inspector debe vigilar 10 mil 714 centros laborales. Hoy sería el momento oportuno para que la Asamblea Legislativa otorgue recursos a esta área estratégica.

Es gigantesco el trabajo que podría desarrollarse si se toma la decisión de contar con una nueva política laboral, empezando por realizar un diagnóstico objetivo de los problemas de la ciudad, incluyendo sus vicios y posibilidades; promover concertaciones entre empleadores y empleados en las ramas de industria en las que hay urgencia de garantizar el respeto a los derechos básicos, incluyendo las condiciones de seguridad e higiene; promover convenios entre el gobierno de la ciudad e instituciones educativas, y de investigación para complementar propuestas de políticas públicas, que hasta ahora han soslayado el tema del mundo del trabajo. En el proceso de evaluación del desarrollo social no debe exceptuarse el tema de la justicia laboral o del modelo de relaciones de trabajo entre el gobierno-patrón y sus trabajadores. Como asignaturas pendientes están el servicio civil de carrera y profesionalizar la labor de los denominados trabajadores de base, condenados en su mayoría a un esquema de bajo de- sempeño y salarios raquíticos.

En materia sindical compartimos la reflexión de Graciela Bensusán, quien sostiene que en este momento están en juego dos visiones en nuestra ciudad: una que propone la flexibilidad y un blindaje autoritario para supuestamente acabar con los vicios mediante la cancelación del ejercicio de los derechos, y otra que sostiene que es necesario diseñar políticas de protección para recuperar el derecho de los trabajadores a organizarse, a decidir, por ejemplo de manera directa, la contratación colectiva sin el condicionamiento del patrón o de la autoridad. Apoyada en diversas investigaciones afirma que no hay sociedad que tenga una distribución equitativa de la riqueza sin considerar la voz colectiva de los trabajadores, expresada por medio de organizaciones sindicales auténticas.

El diseño y aplicación de una política laboral sustentada en la libertad de asociación, la contratación colectiva legítima y la concertación de los factores de la producción, es fundamental no sólo para la ciudad, también para generar un efecto de imitación en otras entidades del país que sufren problemas similares a los nuestros.