Roma, 4 de diciembre. El primer ministro italiano Mario Monti adoptó un riguroso paquete de austeridad de 30 mil millones de euros (unos 40 mil 250 millones de dólares), que prevé un alza del impuesto al valor agregado, la vuelta de un impuesto sobre las propiedades y un aumento de la edad de jubilación, en un intento por restaurar la salud de las finanzas públicas. Estas medidas, que buscan tranquilizar a unos mercados financieros que han impulsado los costos de endeudamiento del país a niveles insostenibles, se dan a conocer antes del comienzo de una semana de encuentros entre los líderes europeos para evitar que la crisis se salga de control.

Monti dijo que el plan, dividido entre 20 mil millones de euros de iniciativas presupuestarias durante el periodo 2012-14 y otros 10 mil millones de euros en medidas para impulsar el crecimiento, implican grandes sacrificios, pero sostuvo que se había buscado distribuir la carga de la manera más justa posible.

En rueda de prensa al lado de Monti y otros miembros del gobierno, la ministra de Trabajo y Previsión Social, Elsa Fornero, sin poder contener el llanto anunció sacrificios que tocarán al sistema de pensiones.

La premisa es que la pensión no puede no estar basada en el trabajo. Hemos revisado todo el sistema de pensiones para atenuar y eliminar privilegios, pero sobre todo queríamos incluir para todos una fórmula uniforme para el cálculo, es decir, un método contributivo, indicó.

El paquete de 20 mil millones de euros está destinado a reforzar la difícil posición de las finanzas italianas y frenar una crisis que amenaza con superar a la eurozona. Una reunión de gabinete sobre el paquete de aumento impositivo y recortes de gastos se adelantó para el domingo, dijo la oficina del primer ministro.

La Confederación General Italiana de Trabajadores (CGIL), el mayor gremio del país, calificó el nuevo programa de ajuste de golpe duro e insostenible, principalmente por los recortes en la salud y las pensiones. En un intento por convencer a la clase trabajadora y a los movimientos sociales, el primer ministro Mario Monti se reunió con esos sectores para explicarles las medidas restrictivas, cifradas en 25 mil millones de euros.

Italia tiene que elegir entre los sacrificios necesarios o un Estado en bancarrota y un euro destruido, señaló Monti, al tiempo que llamó a sindicatos y empresarios a tirar de una misma cuerda: la situación es mala, pero aún podemos lograrlo.

Durante ese encuentro, la líder de la CGIL, Susana Camusso, criticó la propuesta oficialista de aumentar años de trabajo para alcanzar la edad de la jubilación. De acuerdo con el plan, la reforma al sistema de pensiones consiste en el incremento a 42 años para los hombres y 41 para las mujeres del tiempo mínimo cotizado para poder percibir la retribución.

Las medidas, además de elevar la edad de jubilación de muchos trabajadores, liberarán los servicios profesionales, aumentarán el impuesto sobre la renta para los mayores ingresos y cargan nuevos aranceles a los activos privados y el sector inmobiliario. A su vez, El Fondo Sanitario Nacional será recortado en 2 mil 500 millones de euros.

Monti tendrá que equilibrar la necesidad de imponer el rigor presupuestario, sin obstruir el crecimiento económico, sin el cual será imposible reducir la deuda.

Italia, con una deuda pública que asciende a casi 120 por ciento del producto interno bruto, tiene un índice demasiado alto para que Europa intente un rescate financiero. La adopción del paquete es considerado vital para restablecer la deteriorada credibilidad de Italia en los mercados financieros.

Los sindicatos dijeron que los recortes en el gasto afectarían a los trabajadores y pensionados más pobres, aunque hubo pocas señales de seria oposición al plan de Monti, que sería aprobado en el Parlamento antes de Navidad.

Los líderes de la UE se reunirán en Bruselas esta semana con la esperanza de acordar medidas para inclinar al bloque hacia normas fiscales más severas.