La coalición Movimiento Progresista interpuso un recurso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en contra del registro otorgado a la alianza Compromiso por México y al carácter parcial que se le confirió, toda vez que, sostiene, afecta la equidad de la competencia al incidir directamente en los tiempos de radio y televisión a los que accede con esa figura. Igualmente impugna que se haya dado el registro sin que existiera claridad en el financiamiento de los gastos de campaña.

En el recurso interpuesto se cuestiona el acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral para avalar la alianza Compromiso por México, pues con él se está violando la base constitucional de distribución de 30 por ciento del tiempo de radio y televisión de manera igualitaria, puesto que con las determinaciones de la responsable que se impugnan, se anula y se pervierte el efecto atenuante del porcentaje de distribución igualitaria, respecto a las desproporciones existentes en la fuerza electoral de cada partido.

La coalición de izquierda sostiene que el criterio adoptado por el IFE, del que se desprendió la asignación de espots por parte del Comité de Radio y Televisión, incrementa sustancialmente los tiempios asignados a Compromiso por México. Ello debido a que cada uno de los tres partidos que la integran (PRI, PVEM y Panal) acceden individualmente a la distribución de 30 por ciento de espots asignados de manera igualitaria, y al mismo tiempo, como fuerza individual, en el 70 por ciento restante.

En contraste, al considerar al Movimiento Progresista como una coalición total se denota un ataque al principio de equidad al beneficiar el IFE de manera desproporcionada al Partido Verde y Nueva Alianza, que obtienen un porcentaje de tiempo de radio y televisión muy superior al que representa su votación, ocurriendo lo inverso con los demás partidos políticos, particularmente los que participamos en la coalición Movimiento Progresista.

Otro de los aspectos que se cuestionan del convenio de coalición de Compromiso por México avalado por el IFE es la poca claridad en el gasto de las campañas, pues de manera genérica se establece que el PRI aportará 80 por ciento, y el PVEM y Nueva Alianza 10 por ciento cada uno.

En el recurso se cuestiona que no existe precisión, pues los porcentajes globales mencionados no dan claridad sobre el financiamiento de la campana presidencial y la de los diputados y senadores.

Incluso, sugiere que esto pondría en duda el financiamiento de las campañas para presidente, porque con los 458.2 millones de pesos que aportará la coalición Compromiso por México, al no especificarse los montos que cada partido político destinará a las campañas electorales en que participa, se corre el riesgo que se rebase dicho tope.

Por todo ello, el Movimiento Progresista cuestiona la validez del acuerdo del IFE, al cual, además, considera que le falta fundamentación y motivación. Cita, por ejemplo, una tesis del TEPJF sobre la asignación de los tiempos de radio y televisión en elecciones locales, que, según su postura, debiera ser aplicable en este caso.